¿A qué jugamos con la ley del juego?

Subido el 10 junio, 2022 Por admin In Modelos de gestión, Opinión, Reflexión /  


Por María Gabriela Larrauri (*)

La habilitación del juego online sacudió a la sociedad cordobesa y a Juntos por el Cambio entre Navidad y Año Nuevo, como para que todos nos despabiláramos. Parece que unos no son tan buenos y otros no son tan malos, y en ese vaivén, crece el descontento con la dirigencia política.

¿A qué jugamos?… podría ser un primer interrogante, pero también ¿Quién organiza el juego? ¿Cuáles son las cifras que mueven el negocio? ¿Quién gana y quién pierde? ¿En el listado de responsabilidades del Estado, que lugar merece la regulación del juego y cuál la prevención? ¿Cuál es la capacidad de presión de los grupos de interés? Y en la base de todo, ¿será que nuestros legisladores se preguntan alguna vez que tipo de sociedad queremos construir, que priorizamos, donde ponemos la mirada, qué actitudes nos animan?

Los legisladores no temen jugar con fuego y son capaces de argumentar que “no solo se pueden ocupar de temas felices”. Es falaz afirmar que “habilitar el juego online” es el único camino posible: la prevención y el cuidado también es una opción. Tergiversar el debate es plantear solo las virtudes tributarias de esta regulación o asumir el establecimiento ficticio de restricciones incontrolables.

No se desconocen las innumerables situaciones de miseria en las que se encuentra hundida nuestra sociedad, y por lo mismo, se espera que nuestros legisladores no hagan magia, sino que obren con responsabilidad priorizando los temas centrales para salir de la pobreza y probidad cívica proponiendo un debate profundo de un tema que mueve millones y deja desnudos a los que menos tienen. Estamos frente a una problemática/negocio de magnitud en materia económica, social y de salud pública como para asumir la ingenuidad de la regulación.

La literatura especializada señala que son justamente la disponibilidad y la accesibilidad los dos elementos que han producido una expansión de la adicción al juego a una escala social similar a la de cualquier droga, de forma que la sustancia más perjudicial en términos de salud pública -el alcohol- a pesar de no ser la más tóxica, se potencia por su disponibilidad y accesibilidad. A ello debemos agregar que el incremento del juego online produce un efecto directo en la reacción del juego presencial que incrementa su oferta. Demostrado está también que, el control etario se complejiza en el juego online ya que es difícil y dudosa la acreditación fehaciente de la persona que juega, sin entrar a considerar el alcance “territorial” de esta actividad que se expande de manera global, o acaso ¿Una persona en Formosa no podrá jugar con el operador habilitado en Córdoba?

En el contexto tecnológico actual ¿Cuáles son los alcances reales, territoriales y jurisdiccionales de estas licencias? ¿Cuál será la “zona especial designada para el desarrollo de la actividad a través de Internet”? ¿Puede un licenciatario de otra jurisdicción acumular licencias en Córdoba? El fenómeno básico que caracteriza al juego online es su desterritorialización. ¿Es anacrónica la ley recién nacida?

Pero además esta modalidad de juego, potencialmente más adictiva, es especialmente atractiva para los jóvenes. Las estrategias de marketing de las empresas licenciatarias ponen generalmente su atención en este nicho de mercado. Esta regulación lejos de establecer prohibiciones o advertencias del lado de la oferta -como sucede con otros productos adictivos como el tabaco o el alcohol- protege al licenciatario de la competencia no autorizada. Existe evidencia respecto a que los juegos potencialmente más adictivos –como las apuestas deportivas- son los que más se están promocionando.

Con este panorama tan poco feliz y mágico ¿Qué previsiones adopta la Ley 10.793? Pocas, muy pocas, diría que ninguna, dejando una amplísima discrecionalidad administrativa. Quedan en manos de la Autoridad de Aplicación –Lotería de la Provincia de Córdoba SE- innumerables cuestiones medulares relacionadas con los alcances y efectos de la reglamentación, las acciones preventivas, la articulación con otras jurisdicciones y acumulación de licencias, los principios para una política de responsabilidad… Ciertamente es una legislación enfocada en la estructuración del juego y para los operadores de este mercado, que omite criterios de prevención y cuidado respecto de los sectores potencialmente más afectados o pautas claras para la determinación de los casos patológicos. Útil es mencionar también que se otorga a los participantes (y a los licenciatarios) la protección que confiere la ley de datos personales.
Resulta altamente llamativo que la Autoridad de Aplicación también pueda ser operador de una licencia. ¡En buen romance, quien reglamenta y controla puede ejercer la actividad! Pero además si el verdadero objetivo es recaudatorio, la norma estaría un poco desnutrida en este aspecto para ser una iniciativa de la oposición.

No se desconoce que en general son ineficaces las estrategias prohibicionistas, y que es necesario intervenir en un campo vidrioso y discutido. Sin embargo, es el corazón de la intervención lo que desconcierta, su sesgo, su norte. Desde algunas perspectivas el objetivo de la regulación es la tutela y protección social de los sectores más vulnerables ante una actividad claramente nociva y con una creciente tasa de adicción, y como elemento complementario los ingresos fiscales que se pudieran generar, con orientación explícita a atemperar los efectos no queridos de la actividad. Lejos de este norte, creemos que la ley aprobada es un eufemismo para habilitar el negocio de unos pocos.


(*) Texto publicado previamente en diario Perfil.

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A propósito de la ausencia de información de calidad: ¿la sociedad del caos?

Subido el 30 abril, 2022 Por admin In AIP Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Modelos de gestión, Open Data, Opinión /  


Por María Gabriela Larrauri (*)

Quizás no estemos más en la Sociedad de la Información, quizás hemos entrado a la Sociedad del Cambio (o del Caos). En la Sociedad del Cambio nada indica que la información o los datos son menos importantes, todo lo contrario, la dinámica y la velocidad del cambio hace más relevante contar con información de calidad. Indicadores válidos y sostenidos en el tiempo que nos permitan interpretar un presente caótico. Una hoja de ruta para gestionar estratégicamente una realidad interdependiente y cambiante.

No es caprichoso entonces que tengamos una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública como también leyes provinciales u ordenanzas municipales, más todas las recomendaciones internacionales que consideran el derecho a la información pública (AIP) como derecho humano.  Sin embargo, no son condición suficiente.

En la práctica, los gobiernos se resisten a dar información de calidad. Datos hay y muestran, el problema es la dispersión, la duplicación de portales, la atomización, los formatos en los que se proveen, el constante cambio en los criterios de exposición, la combinación con noticias y propaganda, la falta de fechas y actualización en muchos casos, y esto no es casual ni ingenuo.

Información de calidad -clara, veraz, oportuna, completa- que dé sustento a las decisiones es central en una sociedad sometida a fuertes limitaciones en sus derechos, tal como lo vivimos en pandemia o frente a las eternas crisis inflacionarias. Necesitamos institucionalizar una cultura de gobierno abierto y promover la obligación de los Estados a informarnos con datos de calidad.

Útil es recordar que, información pública no es propaganda, no son anuncios en los diarios o en las páginas web, ni es la publicidad oficial que nos ahoga con slogans. Información pública es que los ciudadanos puedan acceder en forma relativamente sencilla a información completa y veraz, y evalúen ellos la implementación de las políticas que siguen diseñando unilateralmente los Estados, vaciando de contenido y de efectividad un concepto como el de “gobierno abierto o gobernanza” que debería ser cuanto menos una brújula ordenadora para el caos actual.

Información pública es la convicción de cada gobierno de no modificar, segmentar, manipular o inaugurar nuevos portales de datos con nuevos criterios cada vez que inicia una gestión porque ello conspira con la posibilidad cierta de hacer un seguimiento en el tiempo y un análisis en perspectiva de la información publicada. Disponemos de datos a escala planetaria y de máquinas que tratan volúmenes inmensos de datos. Podemos cartografiar prácticamente todo lo que existe, pero en los sitios web oficiales se informa y se publica con criterios absolutamente discrecionales y con poca voluntad de facilitar el acceso a los ciudadanos. Los gobiernos no se toman en serio su obligación de transparencia activa y siguen optando por la opacidad.

 

 

(*) Texto publicado previamente en diario Perfil.
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La política del encierro no es una política

Subido el 22 junio, 2021 Por admin In Modelos de gestión, Open Data, Opinión /  


Por María Gabriela Larrauri (*)

No se concibe la existencia humana sin aceptar que estamos en algún tipo de estado de ánimo. Las emociones nos constituyen, son un hecho de la vida. Los días, las estaciones del año, las ciudades provocan distintos estados de ánimo. La pandemia también.

El estado de ánimo que nos invade es de rabia e incertidumbre. Resulta inaceptable que luego de transcurridas más de 70 semanas del inicio de la emergencia, la principal medida para atender la situación sanitaria sea suspender las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicio, culturales, deportivas, turísticas y sociales. El cierre de industrias y comercios, la pérdida de fuentes de trabajo, chicos fuera de las escuelas, confinamiento domiciliario y el debilitamiento de las instituciones, no es una política, es el reconocimiento de la ausencia de políticas y de gestión.

Los ciudadanos estamos agobiados no tanto por un virus que nos amenaza sino por un Gobierno Nacional que juega con sus relaciones de poder y es ineficiente hasta para resolver la compra adecuada de vacunas, apelando solo a un ejercicio abusivo de sus facultades. El Gobierno Provincial no puede seguir los mismos pasos. Se ha distinguido antes y debe distinguirse ahora. La pandemia no es solo un hecho biológico, es un hecho social. La calle respira asfixia moral y eso también es una enfermedad letal.

Los números epidemiológicos son alarmantes ¿qué otras medidas adoptamos? No hemos escuchado al Gobernador decir una sola palabra, solo la adhesión al Decreto nacional.
Esa norma establece que la situación de alarma se configura con una tasa del 0.5 %(número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, igual o superior a 500) o el 80 % de ocupación de camas críticas.

¿Cuál es la situación en Córdoba?

El portal web de la Provincia (www.cba.gob.ar botón coronavirus) presenta dos formatos: datos diarios e informes epidemiológicos semanales. El informe de la Semana 19 que finalizó el 15 de mayo (último disponible) indica que en Córdoba Capital teníamos 8.186 casos activos. El informe diario correspondiente al 20 de mayo indica que se confirmaron 3.442 casos nuevos ese día, de los cuales 1.036 corresponden a Córdoba capital.

Si tomamos el último informe semanal con un reporte de 8.186 casos activos, la tasa de incidencia sería del 0.6% es decir levemente superior a lo establecido en el Decreto nacional y una ocupación de camas críticas del 43,5% a nivel Provincia, muy por debajo de lo establecido. Podría pensarse que debería existir alguna correlación entre tasa de incidencia y porcentaje de camas críticas que acá no se verifica o bien que la política de internación en Córdoba es distinta. Según otro portal (Ministerio de Salud) las camas críticas disponibles a nivel Provincia serían 2972, es decir aún no llegamos a las 3700 anunciadas hace más de 20 días.

Pero estos datos no serían suficientes, es necesario considerar los “casos confirmados acumulados en los últimos 14 días”. Desde el 5/05 al 20/05 en Córdoba Capital tendríamos 14.584 casos confirmados acumulados en ese período (informe diario) y ello arroja una tasa del 1.09% para una población de 1.329.604 habitantes y una ocupación de camas críticas solo Covid del 80% para Córdoba Capital, este último dato según el Ministerio de Salud.

El botón Coronaviruws del portal web de la Provincia no da el dato “ocupación de camas críticas” desagregada por localidad. Aunque es posible encontrar datos, el problema es la dispersión, la duplicación de portales, la atomización, los fomatos en los que se proveen, la combinación con noticias y propaganda, la ausencia de fechas. Un laberinto en el que es fácil marearse.

La crisis afecta a toda la sociedad, pero impacta mucho más en los hogares que ya se encontraban en la pobreza. Hogares que además tienen una particular composición familiar con una inserción laboral precaria y mayores carencias educacionales.

¿En qué sectores -hoy cerrados- trabajan las personas en situación de pobreza?

Según CIPPEC (2020) los tres principales son el comercio (22%), la construcción (18%) y el trabajo doméstico (13%).  Solo en ciudad de Córdoba, durante el 2020, cerraron 1.300 comercios minoristas, el 50% de las familias indican una sustancial baja de ingresos y no es novedad que los sectores más comprometidos son la construcción, el comercio, el tuismo y la grastronomía. La Asociación de Bares fue la protagonista indiscutida de la marcha del 25 de mayo reclamando por la libertad de trabajar..

Un país federal puede y debe tener tantas estrategias como sean necesarias para resolver los focos epidemiológicos junto con la preservación de la economía, la educación y las actividades básicas de la vida en comunidad. Lo que no puede un país federal es sobrevivir con facultades absolutas, ni con la suma del poder público en manos del Estado Nacional, sin información de calidad.

No pueden cercenarse derechos sin la construcción de consensos y la definición de medidas de contención para los sectores más golpeados. Se requiere más la solidaridad colectiva que un Estado policial. Ni la crisis actual ni la que vendrá puede resolverse sin sentar a la mesa a los distintos actores sociales. No es sólo el Gobernador y los Intendentes quienes deben dialogar, es el conjunto de la sociedad, en la convicción que solo el diálogo multisectorial puede trasvasar a todo el tejido social.

 

 

(*) Texto publicado el 30-05-2021 en diario Perfil  (https://www.perfil.com/noticias/cordoba/la-politica-del-encierro-no-es-una-politica)
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Los vaivenes de la política pública de datos

Subido el 14 abril, 2021 Por admin In Datos, IA - inteligencia Artificial, Innovación en la gestión, Opinión /  


Por María Gabriela Larrauri(*)

La Secretaría de Innovación Pública de la Nación acaba de anunciar que creará una nube estatal para custodiar datos. La inversión inicial para este “nuevo modelo estratégico” sería de más de 500 millones de pesos y su administración estará a cargo de ARSAT.

Paralelamente la Municipalidad de Córdoba acaba de firmar un convenio con Amazon para trasladar sus sistemas, inicialmente el tributario, a la nube que administra esta firma internacional. Esto hace suponer que ARSAT no tiene ya más capacidad para dar servicios que habitualmente provee a organismos públicos, incluidos algunos municipios. Y además ¿Qué pasa con el polo tecnológico Córdoba?

Se podría decir que quizá existe una demanda insatisfecha que ARSAT se propone cubrir. Pero más allá del mercado, y del liderazgo de Amazon en la provisión de servicios de nube, es bueno pensar si como país tenemos una política pública consistente en un ámbito de central importancia en el contexto de la Sociedad de la Información, cómo es el desarrollo de infraestructura tecnológica y el manejo de los datos, y en particular, los datos públicos. Existen muestras evidentes de inconsistencia y de permanente discontinuidad en este ámbito que debería ser política de estado, sin sujeción a disputas partidarias y en un marco de extrema transparencia. Siendo un ámbito altamente estratégico por qué no trazar esquemas de cooperación público-privado, o mecanismos de flexibilización para las empresas nacionales y de paso fortalecer o propiciar los desarrollos locales siempre escuetos por el tamaño de nuestro mercado. El modelo Silicon Valley sigue siendo una referencia.

Podría existir además un planteo de fondo: ¿Queremos que sea el Estado, en cualquiera de sus formas, el que tenga cierto control, administración o custodia de nuestros datos? ¿Dónde nos paramos entre el mercado y el Estado en este punto? ¿Podemos integrar las miradas? Cualquiera sea la respuesta, el problema es que como sociedad no nos damos espacio para estos debates, y las cosas suceden sin una construcción colectiva que nos permita revalorizar el espacio de la política. Confieso, yo no tengo una posición definida en este punto, y quizás abrir el tema nos ayuda a muchos a comprender y a evitar cierto recelo.

En el transcurso de los últimos siglos los contornos del Estado han sido el fruto de procesos y movimientos de expansión y reducción de espacios y competencias, siempre dentro de una forma de organización social compatible con el sistema capitalista, con o sin democracia. Existe una serie de atributos que definen al Estado moderno, tales como la organización del poder y del territorio, su soberanía, el monopolio del uso legítimo de la fuerza y primordialmente su capacidad de conformar una identidad colectiva. Estos atributos clásicos, que ciertamente se han relativizado con el paso del tiempo, no son arbitrarios, conforman el ser del Estado para la articulación de relaciones sociales en el marco de un orden económico determinado que pretende responder al interés general. Es desde este lugar, quizá lejano frente a tanta crisis, que como sociedad seguimos esperando respuestas y soluciones que están más ceñidas al bien común que a la lógica implacable del mercado.

En su libro Inteligencia Artificial o el Desafío del Siglo, Sadin describe cómo las grandes naciones del S. XVII cobraron vida por la ambición de gobernar pragmáticamente sobre bases racionales. El Estado debía definir métodos apropiados para alcanzar sus objetivos, entre otros reconocer el territorio y definir la contribución para su sostenimiento. Con el paso del tiempo la información recolectada requirió herramientas cada vez más sofisticadas. En el S. XIX se dirá que “la estadística es una conciencia de sí colectiva” y esto permitirá ver en movimiento la vida de las naciones. En el S. XX la estadística ya no solo contribuye a respaldar políticas públicas, sino también actores económicos. Progresivamente, la mayor parte de los sectores van a generar datos digitales.

Hoy disponemos de datos a escala planetaria y de máquinas que tratan masas de datos y que pueden ellas mismas iniciar operaciones según criterios previamente definidos. Podemos “cartografiar” prácticamente todo lo existente y más, consumos, emociones, sentimientos, preferencias que generan datos que están continuamente sometidos a análisis y no necesariamente por la organización estatal. En esta inflación de datos, son principalmente algunos pocos gigantes tecnológicos, extractivistas de datos, los que se benefician. No estoy segura que ello contribuya al bien común. No solo se trata del juego inocente de la innovación. Expresa Sadin “… lo que parece estar estructurándose son lógicas tecno-económicas que determinan un principio de gobernanza con objetivos únicamente utilitaristas en un proceso de racionalidad extrema donde lo humano no tiene cabida. Así, los seres humanos estamos atrapados en las mallas del Leviatán de nuestra era, algorítmico, formalizado en mecanismos a los cuales, por el supuesto bien de todos, se les otorga el derecho de actuar por sí mismos, sin apelar a nuestro consentimiento y sin capacidad de oponer resistencia”.

 

 (*) Texto e imagen publicados el 28-03-2021 en diario LaVoz  (https://www.lavoz.com.ar/opinion/vaivenes-de-politica-publica-de-datos)
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El derecho a la ciudad – A propósito del envío de fondos de Nación a municipìos

Subido el 4 marzo, 2021 Por admin In Innovación en la gestión, Modelos de gestión, Opinión, Transparencia /  


Por María Gabriela Larrauri

Este fin de semana de carnaval, nos enteramos del envío de fondos directos por parte de la Nación a unos 300 municipios de todo el país, de los cuales 35 serían de Córdoba(1). ¿Significa el reconocimiento de la autonomía municipal o esconde una estrategia puramente electoral? Quizás está empezando a permear el rol clave de los gobiernos locales y la necesidad de fondos “propios” para los retos que enfrentan.

Si fuera algo más que una estrategia electoral o puro disciplinamiento organizacional, sería deseable la estructuración de una política pública que le permita a los municipios y comunas contar con los recursos que requieren dada la consolidación del proceso de urbanización global. No como una “gracia” del soberano sino en un esquema de legitimidad y legalidad. Como sabemos, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y esta tendencia se incrementará en las próximas décadas.

El hecho urbano, las denominadas megalópolis o meta-ciudades, corredores urbanos o ciudades-región, se conforma por nodos que articulan una geografía –más o menos-  extensa y un volumen demográfico sin precedentes. Sin embargo, la urbanización no es solo un hecho demográfico, es también una construcción social y cultural. En Latinoamérica, el 80 % de la población vive en zonas urbanas. En Argentina, el 93% de sus habitantes reside en alguna ciudad, pero solo 4 ó 5 de ellas cuenta con más de 1 millón de habitantes. No solo somos la región más desigual del mundo sino también la más urbanizada. Inclusión, cohesión social, educación y acceso universal a los beneficios del desarrollo urbano es el imperativo que marca la agenda de trabajo de los gobiernos locales.

Adormecidos, seguimos viviendo en un estado de excepción por “razones sanitarias”, que no son menores ni excluyentes. Los complejos desafíos que hoy se enfrentan ponen de relieve la necesidad de (re)pensar el derecho a la ciudad, más aun si consideramos que los espacios urbanos consolidados, constituyen polos de atracción potentes para el desarrollo cultural, la innovación y las oportunidades laborales. Son territorios llenos de potencialidades, de ilusión y de tensión.El desafío es hacer realidad el “derecho a la ciudad” en las sociedades urbanas actuales, diversas y polarizadas, luminosas y oscuras, en las que se estructuran vínculos productivos virtuosos, y tanto o más, desigualdades que generan una fuerte conflictividad social.

No hay una conceptualización clara de este derecho, al menos, no es posible afirmar que se trate de un concepto unívoco o de consenso universal. Su formulación teórica inicial se atribuye a Henry Lefebvre en el marco de las protestas urbanas que se dieron en el mayo francés, pero a partir de allí la noción de “derecho a la ciudad” ha tenido distintos recorridos hasta su tímida incorporación en la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de Naciones Unidas -Habitat III- celebrada en Quito en 2016. La conceptualización de Lefebvre implicó en su época, una fuerte crítica a la tecnocracia de lo urbano. Como contrapropuesta a una definición funcional de la ciudad, Lefebvre construye una teoría que busca rescatar, a través del derecho a la ciudad, al hombre como elemento principal y protagonista del espacio que él mismo ha moldeado. El hombre urbano es algo más complejo que algunas necesidades simplistas, que dejan fuera el deseo, lo lúdico, lo simbólico, lo imaginativo y otras necesidades por descubrir (Gaviria, 1969).

El impacto de esta pandemia y las diversas estrategias de prevención han vuelto la mirada a los espacios de cercanía. Casi como un pequeño gesto de poesía ante tanta incertidumbre. El confinamiento y la imposibilidad de movilizarnos, ha permitido revalorizar el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana, donde se conjugan y resuelven necesidades básicas. Quizá también nos permita gestionar una nueva manera de vivir en la sociedad urbana, ahora que hemos recuperado cierta consciencia de que nada puede existir sin intercambio, sin aproximación, sin proximidad, es decir sin relaciones. La ciudad crea una situación, la situación urbana (Lefebvre) y razones de salud o seguridad pública no habilitan a convertir ese espacio de convivencia común en un territorio sitiado, militarizado o disciplinado.

Se sostiene que el derecho a la ciudad es el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y no se compone de la suma de derechos individuales sino de la producción social del espacio, donde habitar constituye una actividad social que otorga a los ciudadanos identidad urbana y los habilita para la participación política. Esta mirada tan íntima y cercana de lo urbano que propone Lefebvre, potenciada en pandemia, nos desafía a crear ciudad y a recuperar nuestras libertades, es lo que debemos contagiar para recobrar al prójimo, con todos los cuidados que cada uno y el otro requieran.Para crear ciudad y fortalecer el federalismo, más allá del slogan, es necesario integrar la ciudad y su gente, proponer canales de diálogo y sustancialmente rendir cuentas, no alcanza la discrecional generosidad del Estado nación en la coyuntura de un año electoral.

Como señala Agamben “no perdamos la dimensión social y política… ni humana y afectiva” en la que quedamos atrapados por las crisis, exijamos como ciudadanos urbanos derechos plenos a construir, decidir, crear nuestras ciudades y vivir en libertad.

 

  * Texto e imagen publicados el 17-02-2021 en diario LaVoz  (https://www.lavoz.com.ar/opinion/derecho-a-ciudad/)
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Punto ciego

Subido el 18 diciembre, 2020 Por admin In Opinión /  

Por María Gabriela Larrauri

Pasan los años con los mismos desafíos recurrentes. Déficit fiscal, inflación, pobreza estructural y más, mucho más, pobreza institucional. Crecimiento cero, exportaciones insuficientes, impuestos asfixiantes y como si esto no fuera suficiente y grave, el costo de la política y de los políticos antiguos –casi monarcas- inescrupuloso y obsceno. Una burocracia estatal decimonónica, retrasada y cara, si la medimos por su productividad, que además en pandemia decidió tomarse vacaciones pagas. En síntesis, más desigualdades, menos libertades. ¿A dónde vamos? ¿Para qué tenemos una instancia de organización del poder? ¿En qué están nuestros gobernantes? Será que se han convertido en cangrejos, viviendo sobre fondos arenosos y oscuros.

No creo que la pandemia haya incidido sustancialmente en este estado de cosas, sólo ha puesto en evidencia de forma atroz, nuestras inmensas carencias e imposibilidad de ser una Nación, con ideales y objetivos comunes por encima de los intereses particulares. Y de constituirnos como Estado con reglas de juego claras capaz de articular la vida social organizada y materializar determinadas relaciones de producción para construir un destino común, cuanto menos digno.

Estamos perdidos en un mar de inconsistencias, incoherencias e incapacidad. Carentes, huérfanos de instituciones sólidas. Lejos del país que soñamos. Estamos en un punto ciego, queriendo encajar las piezas de un rompecabezas antiguo.

Las elecciones en Río Cuarto nos han dejado –quiero creer a todos- un sabor amargo. Menos del 50 % de votantes y rumores de todo tipo, que no hacen más que descalificarnos como sociedad y como dirigentes políticos capaces de guiar una construcción sólida y sustentable a largo plazo. Río Cuarto, Capital alterna, ¿Qué nos muestra? ¿Qué reflejan estas elecciones prematuras o tardías, según se mire? Un imperio caído, un sistema agotado, una representación política vacía, una sociedad cansada.

En “La Sociedad del Cansancio”, Byung-Chul Han, plantea que hemos pasado de la sociedad disciplinaria a la sociedad del rendimiento, que se convierte paulatinamente en la “sociedad del dopaje” en nuestro caso no por exceso de positividad, sino por exceso de fracasos y aislamiento. Cansancio que separa por la incapacidad de mirar y de escucharnos. Cansancio que es violencia, porque destruye toda comunidad.

Podemos acaso sugerir una salida a este laberinto. No es fácil, no es radical. No sirve el “que se vayan todos”. Es colectiva, inclusiva y deberá nutrirse del árbol grande de la paciencia y de una nueva consciencia de hacer política. Necesitamos interpretar los cambios que nos desafían en lo organizacional y en lo personal. Necesitamos gestionar nuevos espacios que no descansen en el paradigma del mando y el control. Necesitamos re-interpretar el mundo en el que vivimos.

Algunas interpretaciones serán más poderosas que otras, abrirán o cerrarán posibilidades. Comprometernos a explorar, de verdad, con un profundo sentido de responsabilidad, nuevas interpretaciones para una transformación disruptiva que genere valor agregado, creemos, podría revertir el cansancio profundo. El objetivo no es ganar, es creer en lo que hacemos y crecer. Debemos permitirnos abrir la puerta y entrar a espacios desconocidos, probar, equivocarnos y asumir el error, siempre con honestidad intelectual.

Vivimos un cambio de época. Es imperativo re-interpretar a la organización estatal y política. Debemos medir sus resultados, de la misma manera que cada individuo es evaluado en sus capacidades y acciones. Redistribuir tareas, economizar y confiar en la inteligencia colectiva. Instalar en la administración pública y en los poderes públicos, sistemas de aprendizaje reflexivos y colaborativos. Garantizar la escucha.

Nuestro país, nuestra Provincia se deben una reflexión al interior del sistema político y burocrático que hoy lejos de agregar valor, consume. Necesitamos salir del punto ciego y potenciar las células sensibles a la luz.

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