por María Gabriela Larrauri
Según Manuel Castells “… una revolución tecnológica, centrada en torno a las tecnologías de la información, está modificando la base material de la sociedad a un ritmo acelerado. Las economías de todo el mundo se han hecho interdependientes a escala global, introduciendo una nueva forma de relación entre economía, Estado y sociedad en un sistema de geometría variable… las redes informáticas interactivas crecen de modo exponencial, creando nuevas formas y canales de comunicación, dando forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas… Es la era de la información.”
El eje central de la generación de riqueza, o de valor agregado, está hoy en la información –flujos de información- y el conocimiento, de allí que se requiere poner a disposición de todos, este bien básico. Pero para que la información sea tal, es preciso que cumpla con determinados requisitos: integridad, relevancia, oportunidad.
Adicionalmente para generar riqueza, se requiere innovar. Incorporar nuevos productos, procesos y métodos. Para ello se impone realizar una serie de acciones complementarias: cambios organizativos, capacitación del sector público y privado, diseño, investigación, en un proceso multidisciplinario e interactivo que implica la colaboración de una red de actores sociales y organizaciones públicas y privadas.
No obstante, el capital humano o talento humano sigue siendo la esencia de la innovación. Ciudadanos e instituciones habilitadas para innovar dependen de una educación apropiada y del desarrollo de aptitudes que complementan la educación formal. Los planes de estudio y las pedagogías necesitan adaptarse a los nuevos desafíos y al nuevo entorno de la sociedad-red. En efecto, la capacidad o falta de capacidad de las sociedades para dominar la tecnología, y en particular las que son estratégicamente decisivas en cada período histórico, define en buena medida su destino (Castells, 2011).
Las casas de estudio y educación superior, como los centros de instrucción práctica son nodos fundamentales del sistema de innovación. Estas instituciones actúan como puentes indispensables entre los distintos integrantes de un sistema de innovación abierto: empresas, gobiernos, organizaciones, emprendedores, consumidores, ciudadanos en general (OCDE, 2010). La ciencia sigue estando en el centro de la innovación y es imprescindible mejorar el vínculo y aumentar la colaboración entre las instituciones educativas y los demás actores sociales.
Sin duda, la conjunción de la infraestructura que proporcionan las TICs (Tecnologías de la Información y la Comunicación), la información que se genera y financia con fondos públicos, y un sistema de innovación abierto, conforman una poderosa herramienta para crear valor público.
Pero además, esta conjunción de elementos han habilitado el avance de una concepción del gobierno que admite nuevas formas de intervención y nuevos roles para ciudadanos y gobernantes que, integradas adecuadamente, conforman una solución para abrir información en poder de los Estados y por lo tanto, fortalecer el sistema democrático.
En una economía que se basa cada vez más en el conocimiento y en la innovación, es imprescindible facilitar el acceso al conocimiento y el uso de la información y datos públicos, no sólo por el imperativo de un Estado transparente. A pesar de la gran contribución que ofrece la apertura y el análisis de datos e información en el diseño de políticas públicas, en los proceso de investigación y de toma de decisiones, en las distintas instancias del desarrollo y dinamización de la economía, como en los procesos de rendición de cuentas de la gestión pública, su manejo presenta serias dificultades.
Existen retos y oportunidades que afrontar en una estrategia de acceso a la información y datos abiertos. En general se posee escasa técnica, herramientas y conocimientos para manejar de manera adecuada la inmensa cantidad de datos o información disponible. Un uso inadecuado o un análisis incompleto o erróneo de los datos pueden llevar a conclusiones equivocadas, en la información que se produce y comunica. Otro desafío importante es poder distinguir entre información relevante y aquella que no lo es, sobre todo en los procesos actuales en los que los gobiernos abren información de manera “simbólica”, y en tanto la definición de relevante es ciertamente subjetiva.
Las iniciativas gubernamentales de datos abiertos suponen (o deberían suponer) la existencia de un convenio tácito entre la administración pública que abre sus datos y quienes usan esa información (empresas, emprendedores, academia, ciudadanía, organizaciones sociales) para transformar la información en bruto que se publica, en nuevos servicios y aplicaciones de valor agregado. Se requiere para esto un diálogo permanente entre productores y “consumidores” de información. Las administraciones deben saber escuchar y abrir datos con calidad y de calidad. Quienes usan la información pública deben activarse para ver nuevos modelos de negocios en torno a la reutilización de información pública y desarrollar y dinamizar el crecimiento económico (CEPAL, 2012) de manera sustentable. En todos los casos debe ser utilizada con responsabilidad y ética. Y la ciudadanía toda deberá capacitarse y entrenarse en el manejo de datos públicos para ejercer su rol de control frente a las diferentes esferas del Estado, pero también para favorecer un sistema de innovación abierto. Cuanta mejor información menor posibilidades de equivocarnos tendremos.
