¿A qué jugamos con la ley del juego?

Subido el 10 junio, 2022 Por admin In Modelos de gestión, Opinión, Reflexión /  


Por María Gabriela Larrauri (*)

La habilitación del juego online sacudió a la sociedad cordobesa y a Juntos por el Cambio entre Navidad y Año Nuevo, como para que todos nos despabiláramos. Parece que unos no son tan buenos y otros no son tan malos, y en ese vaivén, crece el descontento con la dirigencia política.

¿A qué jugamos?… podría ser un primer interrogante, pero también ¿Quién organiza el juego? ¿Cuáles son las cifras que mueven el negocio? ¿Quién gana y quién pierde? ¿En el listado de responsabilidades del Estado, que lugar merece la regulación del juego y cuál la prevención? ¿Cuál es la capacidad de presión de los grupos de interés? Y en la base de todo, ¿será que nuestros legisladores se preguntan alguna vez que tipo de sociedad queremos construir, que priorizamos, donde ponemos la mirada, qué actitudes nos animan?

Los legisladores no temen jugar con fuego y son capaces de argumentar que “no solo se pueden ocupar de temas felices”. Es falaz afirmar que “habilitar el juego online” es el único camino posible: la prevención y el cuidado también es una opción. Tergiversar el debate es plantear solo las virtudes tributarias de esta regulación o asumir el establecimiento ficticio de restricciones incontrolables.

No se desconocen las innumerables situaciones de miseria en las que se encuentra hundida nuestra sociedad, y por lo mismo, se espera que nuestros legisladores no hagan magia, sino que obren con responsabilidad priorizando los temas centrales para salir de la pobreza y probidad cívica proponiendo un debate profundo de un tema que mueve millones y deja desnudos a los que menos tienen. Estamos frente a una problemática/negocio de magnitud en materia económica, social y de salud pública como para asumir la ingenuidad de la regulación.

La literatura especializada señala que son justamente la disponibilidad y la accesibilidad los dos elementos que han producido una expansión de la adicción al juego a una escala social similar a la de cualquier droga, de forma que la sustancia más perjudicial en términos de salud pública -el alcohol- a pesar de no ser la más tóxica, se potencia por su disponibilidad y accesibilidad. A ello debemos agregar que el incremento del juego online produce un efecto directo en la reacción del juego presencial que incrementa su oferta. Demostrado está también que, el control etario se complejiza en el juego online ya que es difícil y dudosa la acreditación fehaciente de la persona que juega, sin entrar a considerar el alcance “territorial” de esta actividad que se expande de manera global, o acaso ¿Una persona en Formosa no podrá jugar con el operador habilitado en Córdoba?

En el contexto tecnológico actual ¿Cuáles son los alcances reales, territoriales y jurisdiccionales de estas licencias? ¿Cuál será la “zona especial designada para el desarrollo de la actividad a través de Internet”? ¿Puede un licenciatario de otra jurisdicción acumular licencias en Córdoba? El fenómeno básico que caracteriza al juego online es su desterritorialización. ¿Es anacrónica la ley recién nacida?

Pero además esta modalidad de juego, potencialmente más adictiva, es especialmente atractiva para los jóvenes. Las estrategias de marketing de las empresas licenciatarias ponen generalmente su atención en este nicho de mercado. Esta regulación lejos de establecer prohibiciones o advertencias del lado de la oferta -como sucede con otros productos adictivos como el tabaco o el alcohol- protege al licenciatario de la competencia no autorizada. Existe evidencia respecto a que los juegos potencialmente más adictivos –como las apuestas deportivas- son los que más se están promocionando.

Con este panorama tan poco feliz y mágico ¿Qué previsiones adopta la Ley 10.793? Pocas, muy pocas, diría que ninguna, dejando una amplísima discrecionalidad administrativa. Quedan en manos de la Autoridad de Aplicación –Lotería de la Provincia de Córdoba SE- innumerables cuestiones medulares relacionadas con los alcances y efectos de la reglamentación, las acciones preventivas, la articulación con otras jurisdicciones y acumulación de licencias, los principios para una política de responsabilidad… Ciertamente es una legislación enfocada en la estructuración del juego y para los operadores de este mercado, que omite criterios de prevención y cuidado respecto de los sectores potencialmente más afectados o pautas claras para la determinación de los casos patológicos. Útil es mencionar también que se otorga a los participantes (y a los licenciatarios) la protección que confiere la ley de datos personales.
Resulta altamente llamativo que la Autoridad de Aplicación también pueda ser operador de una licencia. ¡En buen romance, quien reglamenta y controla puede ejercer la actividad! Pero además si el verdadero objetivo es recaudatorio, la norma estaría un poco desnutrida en este aspecto para ser una iniciativa de la oposición.

No se desconoce que en general son ineficaces las estrategias prohibicionistas, y que es necesario intervenir en un campo vidrioso y discutido. Sin embargo, es el corazón de la intervención lo que desconcierta, su sesgo, su norte. Desde algunas perspectivas el objetivo de la regulación es la tutela y protección social de los sectores más vulnerables ante una actividad claramente nociva y con una creciente tasa de adicción, y como elemento complementario los ingresos fiscales que se pudieran generar, con orientación explícita a atemperar los efectos no queridos de la actividad. Lejos de este norte, creemos que la ley aprobada es un eufemismo para habilitar el negocio de unos pocos.


(*) Texto publicado previamente en diario Perfil.

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A propósito de la ausencia de información de calidad: ¿la sociedad del caos?

Subido el 30 abril, 2022 Por admin In AIP Acceso a la Información Pública, Gobierno Abierto, Modelos de gestión, Open Data, Opinión /  


Por María Gabriela Larrauri (*)

Quizás no estemos más en la Sociedad de la Información, quizás hemos entrado a la Sociedad del Cambio (o del Caos). En la Sociedad del Cambio nada indica que la información o los datos son menos importantes, todo lo contrario, la dinámica y la velocidad del cambio hace más relevante contar con información de calidad. Indicadores válidos y sostenidos en el tiempo que nos permitan interpretar un presente caótico. Una hoja de ruta para gestionar estratégicamente una realidad interdependiente y cambiante.

No es caprichoso entonces que tengamos una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública como también leyes provinciales u ordenanzas municipales, más todas las recomendaciones internacionales que consideran el derecho a la información pública (AIP) como derecho humano.  Sin embargo, no son condición suficiente.

En la práctica, los gobiernos se resisten a dar información de calidad. Datos hay y muestran, el problema es la dispersión, la duplicación de portales, la atomización, los formatos en los que se proveen, el constante cambio en los criterios de exposición, la combinación con noticias y propaganda, la falta de fechas y actualización en muchos casos, y esto no es casual ni ingenuo.

Información de calidad -clara, veraz, oportuna, completa- que dé sustento a las decisiones es central en una sociedad sometida a fuertes limitaciones en sus derechos, tal como lo vivimos en pandemia o frente a las eternas crisis inflacionarias. Necesitamos institucionalizar una cultura de gobierno abierto y promover la obligación de los Estados a informarnos con datos de calidad.

Útil es recordar que, información pública no es propaganda, no son anuncios en los diarios o en las páginas web, ni es la publicidad oficial que nos ahoga con slogans. Información pública es que los ciudadanos puedan acceder en forma relativamente sencilla a información completa y veraz, y evalúen ellos la implementación de las políticas que siguen diseñando unilateralmente los Estados, vaciando de contenido y de efectividad un concepto como el de “gobierno abierto o gobernanza” que debería ser cuanto menos una brújula ordenadora para el caos actual.

Información pública es la convicción de cada gobierno de no modificar, segmentar, manipular o inaugurar nuevos portales de datos con nuevos criterios cada vez que inicia una gestión porque ello conspira con la posibilidad cierta de hacer un seguimiento en el tiempo y un análisis en perspectiva de la información publicada. Disponemos de datos a escala planetaria y de máquinas que tratan volúmenes inmensos de datos. Podemos cartografiar prácticamente todo lo que existe, pero en los sitios web oficiales se informa y se publica con criterios absolutamente discrecionales y con poca voluntad de facilitar el acceso a los ciudadanos. Los gobiernos no se toman en serio su obligación de transparencia activa y siguen optando por la opacidad.

 

 

(*) Texto publicado previamente en diario Perfil.
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La política del encierro no es una política

Subido el 22 junio, 2021 Por admin In Modelos de gestión, Open Data, Opinión /  


Por María Gabriela Larrauri (*)

No se concibe la existencia humana sin aceptar que estamos en algún tipo de estado de ánimo. Las emociones nos constituyen, son un hecho de la vida. Los días, las estaciones del año, las ciudades provocan distintos estados de ánimo. La pandemia también.

El estado de ánimo que nos invade es de rabia e incertidumbre. Resulta inaceptable que luego de transcurridas más de 70 semanas del inicio de la emergencia, la principal medida para atender la situación sanitaria sea suspender las actividades económicas, industriales, comerciales, de servicio, culturales, deportivas, turísticas y sociales. El cierre de industrias y comercios, la pérdida de fuentes de trabajo, chicos fuera de las escuelas, confinamiento domiciliario y el debilitamiento de las instituciones, no es una política, es el reconocimiento de la ausencia de políticas y de gestión.

Los ciudadanos estamos agobiados no tanto por un virus que nos amenaza sino por un Gobierno Nacional que juega con sus relaciones de poder y es ineficiente hasta para resolver la compra adecuada de vacunas, apelando solo a un ejercicio abusivo de sus facultades. El Gobierno Provincial no puede seguir los mismos pasos. Se ha distinguido antes y debe distinguirse ahora. La pandemia no es solo un hecho biológico, es un hecho social. La calle respira asfixia moral y eso también es una enfermedad letal.

Los números epidemiológicos son alarmantes ¿qué otras medidas adoptamos? No hemos escuchado al Gobernador decir una sola palabra, solo la adhesión al Decreto nacional.
Esa norma establece que la situación de alarma se configura con una tasa del 0.5 %(número de casos confirmados acumulados de los últimos 14 días por 100.000 habitantes, igual o superior a 500) o el 80 % de ocupación de camas críticas.

¿Cuál es la situación en Córdoba?

El portal web de la Provincia (www.cba.gob.ar botón coronavirus) presenta dos formatos: datos diarios e informes epidemiológicos semanales. El informe de la Semana 19 que finalizó el 15 de mayo (último disponible) indica que en Córdoba Capital teníamos 8.186 casos activos. El informe diario correspondiente al 20 de mayo indica que se confirmaron 3.442 casos nuevos ese día, de los cuales 1.036 corresponden a Córdoba capital.

Si tomamos el último informe semanal con un reporte de 8.186 casos activos, la tasa de incidencia sería del 0.6% es decir levemente superior a lo establecido en el Decreto nacional y una ocupación de camas críticas del 43,5% a nivel Provincia, muy por debajo de lo establecido. Podría pensarse que debería existir alguna correlación entre tasa de incidencia y porcentaje de camas críticas que acá no se verifica o bien que la política de internación en Córdoba es distinta. Según otro portal (Ministerio de Salud) las camas críticas disponibles a nivel Provincia serían 2972, es decir aún no llegamos a las 3700 anunciadas hace más de 20 días.

Pero estos datos no serían suficientes, es necesario considerar los “casos confirmados acumulados en los últimos 14 días”. Desde el 5/05 al 20/05 en Córdoba Capital tendríamos 14.584 casos confirmados acumulados en ese período (informe diario) y ello arroja una tasa del 1.09% para una población de 1.329.604 habitantes y una ocupación de camas críticas solo Covid del 80% para Córdoba Capital, este último dato según el Ministerio de Salud.

El botón Coronaviruws del portal web de la Provincia no da el dato “ocupación de camas críticas” desagregada por localidad. Aunque es posible encontrar datos, el problema es la dispersión, la duplicación de portales, la atomización, los fomatos en los que se proveen, la combinación con noticias y propaganda, la ausencia de fechas. Un laberinto en el que es fácil marearse.

La crisis afecta a toda la sociedad, pero impacta mucho más en los hogares que ya se encontraban en la pobreza. Hogares que además tienen una particular composición familiar con una inserción laboral precaria y mayores carencias educacionales.

¿En qué sectores -hoy cerrados- trabajan las personas en situación de pobreza?

Según CIPPEC (2020) los tres principales son el comercio (22%), la construcción (18%) y el trabajo doméstico (13%).  Solo en ciudad de Córdoba, durante el 2020, cerraron 1.300 comercios minoristas, el 50% de las familias indican una sustancial baja de ingresos y no es novedad que los sectores más comprometidos son la construcción, el comercio, el tuismo y la grastronomía. La Asociación de Bares fue la protagonista indiscutida de la marcha del 25 de mayo reclamando por la libertad de trabajar..

Un país federal puede y debe tener tantas estrategias como sean necesarias para resolver los focos epidemiológicos junto con la preservación de la economía, la educación y las actividades básicas de la vida en comunidad. Lo que no puede un país federal es sobrevivir con facultades absolutas, ni con la suma del poder público en manos del Estado Nacional, sin información de calidad.

No pueden cercenarse derechos sin la construcción de consensos y la definición de medidas de contención para los sectores más golpeados. Se requiere más la solidaridad colectiva que un Estado policial. Ni la crisis actual ni la que vendrá puede resolverse sin sentar a la mesa a los distintos actores sociales. No es sólo el Gobernador y los Intendentes quienes deben dialogar, es el conjunto de la sociedad, en la convicción que solo el diálogo multisectorial puede trasvasar a todo el tejido social.

 

 

(*) Texto publicado el 30-05-2021 en diario Perfil  (https://www.perfil.com/noticias/cordoba/la-politica-del-encierro-no-es-una-politica)
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El derecho a la ciudad – A propósito del envío de fondos de Nación a municipìos

Subido el 4 marzo, 2021 Por admin In Innovación en la gestión, Modelos de gestión, Opinión, Transparencia /  


Por María Gabriela Larrauri

Este fin de semana de carnaval, nos enteramos del envío de fondos directos por parte de la Nación a unos 300 municipios de todo el país, de los cuales 35 serían de Córdoba(1). ¿Significa el reconocimiento de la autonomía municipal o esconde una estrategia puramente electoral? Quizás está empezando a permear el rol clave de los gobiernos locales y la necesidad de fondos “propios” para los retos que enfrentan.

Si fuera algo más que una estrategia electoral o puro disciplinamiento organizacional, sería deseable la estructuración de una política pública que le permita a los municipios y comunas contar con los recursos que requieren dada la consolidación del proceso de urbanización global. No como una “gracia” del soberano sino en un esquema de legitimidad y legalidad. Como sabemos, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y esta tendencia se incrementará en las próximas décadas.

El hecho urbano, las denominadas megalópolis o meta-ciudades, corredores urbanos o ciudades-región, se conforma por nodos que articulan una geografía –más o menos-  extensa y un volumen demográfico sin precedentes. Sin embargo, la urbanización no es solo un hecho demográfico, es también una construcción social y cultural. En Latinoamérica, el 80 % de la población vive en zonas urbanas. En Argentina, el 93% de sus habitantes reside en alguna ciudad, pero solo 4 ó 5 de ellas cuenta con más de 1 millón de habitantes. No solo somos la región más desigual del mundo sino también la más urbanizada. Inclusión, cohesión social, educación y acceso universal a los beneficios del desarrollo urbano es el imperativo que marca la agenda de trabajo de los gobiernos locales.

Adormecidos, seguimos viviendo en un estado de excepción por “razones sanitarias”, que no son menores ni excluyentes. Los complejos desafíos que hoy se enfrentan ponen de relieve la necesidad de (re)pensar el derecho a la ciudad, más aun si consideramos que los espacios urbanos consolidados, constituyen polos de atracción potentes para el desarrollo cultural, la innovación y las oportunidades laborales. Son territorios llenos de potencialidades, de ilusión y de tensión.El desafío es hacer realidad el “derecho a la ciudad” en las sociedades urbanas actuales, diversas y polarizadas, luminosas y oscuras, en las que se estructuran vínculos productivos virtuosos, y tanto o más, desigualdades que generan una fuerte conflictividad social.

No hay una conceptualización clara de este derecho, al menos, no es posible afirmar que se trate de un concepto unívoco o de consenso universal. Su formulación teórica inicial se atribuye a Henry Lefebvre en el marco de las protestas urbanas que se dieron en el mayo francés, pero a partir de allí la noción de “derecho a la ciudad” ha tenido distintos recorridos hasta su tímida incorporación en la Nueva Agenda Urbana en la Conferencia de Naciones Unidas -Habitat III- celebrada en Quito en 2016. La conceptualización de Lefebvre implicó en su época, una fuerte crítica a la tecnocracia de lo urbano. Como contrapropuesta a una definición funcional de la ciudad, Lefebvre construye una teoría que busca rescatar, a través del derecho a la ciudad, al hombre como elemento principal y protagonista del espacio que él mismo ha moldeado. El hombre urbano es algo más complejo que algunas necesidades simplistas, que dejan fuera el deseo, lo lúdico, lo simbólico, lo imaginativo y otras necesidades por descubrir (Gaviria, 1969).

El impacto de esta pandemia y las diversas estrategias de prevención han vuelto la mirada a los espacios de cercanía. Casi como un pequeño gesto de poesía ante tanta incertidumbre. El confinamiento y la imposibilidad de movilizarnos, ha permitido revalorizar el espacio donde se desarrolla la vida cotidiana, donde se conjugan y resuelven necesidades básicas. Quizá también nos permita gestionar una nueva manera de vivir en la sociedad urbana, ahora que hemos recuperado cierta consciencia de que nada puede existir sin intercambio, sin aproximación, sin proximidad, es decir sin relaciones. La ciudad crea una situación, la situación urbana (Lefebvre) y razones de salud o seguridad pública no habilitan a convertir ese espacio de convivencia común en un territorio sitiado, militarizado o disciplinado.

Se sostiene que el derecho a la ciudad es el derecho de los habitantes urbanos a construir, decidir y crear la ciudad, y no se compone de la suma de derechos individuales sino de la producción social del espacio, donde habitar constituye una actividad social que otorga a los ciudadanos identidad urbana y los habilita para la participación política. Esta mirada tan íntima y cercana de lo urbano que propone Lefebvre, potenciada en pandemia, nos desafía a crear ciudad y a recuperar nuestras libertades, es lo que debemos contagiar para recobrar al prójimo, con todos los cuidados que cada uno y el otro requieran.Para crear ciudad y fortalecer el federalismo, más allá del slogan, es necesario integrar la ciudad y su gente, proponer canales de diálogo y sustancialmente rendir cuentas, no alcanza la discrecional generosidad del Estado nación en la coyuntura de un año electoral.

Como señala Agamben “no perdamos la dimensión social y política… ni humana y afectiva” en la que quedamos atrapados por las crisis, exijamos como ciudadanos urbanos derechos plenos a construir, decidir, crear nuestras ciudades y vivir en libertad.

 

  * Texto e imagen publicados el 17-02-2021 en diario LaVoz  (https://www.lavoz.com.ar/opinion/derecho-a-ciudad/)
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Acceso a la Información Pública en las políticas de Comedores Escolares

Subido el 14 junio, 2019 Por admin In AIP Acceso a la Información Pública, Modelos de gestión, Open Data, Transparencia /  

por Daniela Moyano

Desde sus orígenes las políticas públicas destinadas a la población infantil implementadas a través de programas alimentarios escolares como también otros programas sociales con enfoque alimentario en América Latina, han experimentado una constante y marcada reconfiguración, más aún desde los años ochenta y noventa hasta la actualidad (Santarsiero, 2012).

En Argentina, dentro de las políticas y programas alimentarios, los comedores escolares fueron y son uno de los más generalizados (OPS/OMS, 1990), tienen carácter de política focalizada y asistencial con diferentes modalidades de gestión, donde su ejecución es descentralizada desde el año 1992 tras la sanción de la Ley 24.049, orientándose a atender a la población con vulnerabilidad social.

Pese a que desde sus orígenes, los planes de gestión en comedores escolares se fue institucionalizando y legitimando, aún hoy se requieren importantes esfuerzos para ga­rantizar condiciones óptimas y de calidad en los servicios alimentarios brindados como también el diseño de planes integrales más allá de los objetivos asistencialistas.

Se observa que a nivel nacional, al igual que en otros países de América Latina, aún son infrecuentes las leyes específicas al respecto, inconsistencia en la definición de partidas presupuestarias para ciertas dimensiones, escasos o nulos antecedentes en actividades de monitoreo y evaluación (FAO, 2013) como así también dificultades en torno a la trasparencia de los planes o programas implementados por jurisdicción siendo escasa la información disponible a través de las diferentes vías de acceso, teniendo en cuenta que éste es también un aspecto fundamental para la protección de los derechos ciudadanos (PNUD, 2004).

Sin bien en el país se ha avanzado en la búsqueda de transparencia contando desde el 2016 con la Ley N° 27.275 de Derecho de Acceso a la Información Pública, aún se requiere seguir trabajando en el logro de acciones concretas para que los ciudadanos gocen de este derecho de manera focalizada.

La evidencia publicada en la región, y en Argentina, sobre políticas de salud y alimentarias destinadas a niños, niñas y adolescentes es escasa. En un estudio reciente realizado en los servicios de salud destinados a personas en condición de discapacidad en Chile (Binimelis & Veechi, 2018) se detectaron barreras para un acceso independiente en los ámbitos de perceptibilidad y comprensibilidad de los formatos utilizados y en el ámbito de la información pública, deficiencias en transparencia activa y dificultades de accesibilidad a contenidos específicos.

Por otro lado, algunos estudios estarían indicando que las acciones implementadas en el marco de comedores comunitarios no garantizan efectividad ni trasparencia (Torres Oregón & Lutz, 2016). Se debe por ello insistir en la importancia de producir evidencia, datos e información respecto a la totalidad de las políticas públicas que se ejecutan, aunque particularmente respecto de aquellas que refieren al derecho a la alimentación y nutrición en niños y niñas, siendo éste un elemento clave en la promoción de la autonomía, la participación y el empoderamiento ciudadano.

En el escenario descripto, se requiere problematizar el rol que cumplen actualmente los comedores escolares en la nutrición saludable de niños y niñas. Desde este plano se asume la necesidad de seguir pensando y analizando las líneas de acción que son llevadas a cabo por las políticas alimentarias en este grupo etario, siendo intervenciones que datan ya de hace más de tres décadas.

Si bien se han observado mejoras en algunos indicadores de nutrición y de salud de la población infantil en América Latina como así también en Argentina, la evidencia nacional (CESNI, 2012; ENNyS, 2007) indica que la situación actual de niños y niñas se caracteriza por la prevalencia de “doble carga de malnutrición” o “hambre oculto” (desnutrición crónica y carencia de nutrientes esenciales conviviendo con situaciones de obesidad) que se presenta como un panorama crítico y complejo que deja secuelas importantes en el crecimiento, desarrollo y calidad de vida durante la infancia.

Estos escenarios nutricional y socialmente complejos e injustos no han sido resueltos, antes bien se han profundizado a través de prácticas y políticas estatales fuertemente asistencialistas en los comedores escolares, que desde el surgimiento de estos abordajes en la década del 90, no han logrado superar esta etapa para estructurar planes integrales que prioricen la calidad nutricional de los servicios alimentarios y un abordaje de calidad de vida en la infancia.

 

Citas bibliográficas:
  • Aguirre, P. (2011). Consecuencias del ajuste en la alimentación. Rev Voces del Fénix. Recuperado de http://www.vocesenelfenix.com/sites/default/files/numero_pdf/Voces N.7 – final baja_0.pdf
  • Binimelis H & Veechi V (2018). Transparencia y accesibilidad: evaluación del servicio nacional de discapacidad en Chile desde la perspectiva de personas en situación de discapacidad visual. Revista Uruguaya de Ciencia Política – Vol. 27 N°2 – ICP.
  • Centro de Estudios Sobre Nutrición Infantil. (2012). 1era. Jornada de Obesidad Infantil. Hacia el mapa de la obesidad en Argentina. Buenos Aires, Argentina: CESNI
  • Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2013). School Feeding and the Possibilities for Direct Purchases from Family Farming – Case Studies in Eight Countries. Santiago, Chile: FAO
  • Ministerio de Salud de la Nación. Dirección Nacional de Salud Materno Infantil. (2007). Encuesta Nacional de Nutrición y Salud 2004-2005. Recuperado de http://msal.gov.ar/htm/Site/ennys/download/Implementación.pdf
  • Organización Panamericana de la Salud. Organización Mundial de la Salud. (1990). Evaluación de un programa de alimentación escolar: el caso argentino. Washington: OPS/OMS
  • Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. (2004). La democracia en América Latina: hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos. Buenos Aires, Argentina: PNUD. p. 139-146
  • Santarsiero, L.H. (2012). Las políticas sociales en el caso de la satisfacción de necesidades alimentarias: Algunos elementos conceptuales para su determinación. Rev. Trab. Soc. 159-176. Recuperado de <http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S151468712012000100010&lng=es&amp;nrm=iso>. ISSN 1514-6871
  • Torres Oregón F & Lutz B (2016). Papel de la industria alimentaria y de la sociedad civil en los comedores comunitarios de SINHAMBRE. Casos de la Montaña y centro de Guerrero. Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad Vol. XXIII No. 67.
 
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Programa RAIZ – Red Abierta Integrada de Apoyo a la Gestión Local

Subido el 9 agosto, 2018 Por admin In Gobierno Abierto, Innovación en la gestión, Modelos de gestión, Open Data /  

Los tres ejes del programa (gobierno abierto, desarrollo local, e innovación en la gestión pública) en la presentación de Gabriela Larrauri, su coordinadora:

 

La denominación “PROGRAMA RAIZ” refiere a la posibilidad de profundizar el trabajo territorial, los vínculos e interacciones al interior de la administración pero también con el medio y el entorno como elementos claves del desarrollo y la innovación. Alude igualmente a la posibilidad de ver y entender a cada municipio y comuna, como cada “RAIZ”, con sus propias necesidades y desafíos desde que se trata de reconocer y fortalecer el potencial endógeno de cada localidad y región. Entendemos que solo desde una raíz fuerte y sana al interior de cada gobierno local será posible desplegar la capacidad de iniciativa y liderazgo que requiere la construcción de un proyecto colectivo.
La Universidad Nacional de Córdoba cuenta con los recursos técnicos y profesionales, las habilidades y competencias que se requieren para capacitar, asistir y formar a quienes tienen la responsabilidad de llevar adelante la gestión pública. Se trata entonces, de abrir la Universidad a la sociedad y transferir conocimiento pero también de construir conocimiento a partir de los saberes y capacidades locales.

más información

Fuente: https://www.unc.edu.ar/extensión/objetivos-y-fundamentos-8
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¡¿Transparencia o Visibilidad Fiscal?¡

Subido el 6 septiembre, 2017 Por admin In Gobierno Abierto, Modelos de gestión, OGP, Open Data, Transparencia /  1

por María Gabriela Larrauri

Los índices están de moda. Al igual que las encuestas parecen hechos a medida y con relevamientos parciales, e igualmente parciales son sus resultados. Desde la Asociación Civil para la Construcciòn de un Gobierno Abierto nos parece importante reflexionar sobre las conclusiones del informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) que fueron recientemente publicadas en PUNTAL.

El estudio elabora un ranking de “Visibilidad Fiscal en Municipios Argentinos”, no necesariamente transparencia, y afirma que en promedio, se difunde poco menos de la mitad de la información fiscal necesaria para el control de los gobiernos locales. En ese ranking, Rio Cuarto ocupa el lugar número 11 y estaría entre las ciudades con mayor transparencia del país.
Sin ánimo de polemizar pero sí de contextualizar, para entender los resultados, es necesario saber qué se mide y la metodología empleada para la medición. La transparencia activa, el acceso a la información pública y la rendición de cuentas son ejes centrales de un gobierno abierto y por tanto es relevante, cuanto menos, hacer explícitos los criterios adoptados por el informe de IARAF, y validarlos con otros criterios y pautas que académicos, expertos y Organismos Internacionales actualmente aplican para conceptualizar transparencia y acceso a la información pública.

El informe releva la información disponible en los sitios web oficiales de 100 gobiernos locales (municipios) de Argentina. La metodología aplicada para la construcción del ranking se basa en las siguientes variables: Presupuesto 2017, 2016 y anteriores, Ejecución Presupuestaria actualizada y de períodos anteriores, Código Tributario, Ordenanza Impositiva, Datos de Deuda actualizados, Llamados a licitaciones, contrataciones y proveedores, Listado completo de personal y escala de remuneraciones, Boletín Oficial. Con estas variables se construye el Índice de Visibilidad de la Información Fiscal (“IVIF”). La reflexión final del informe indica que “se observa un importante avance en cuanto a la visibilidad de las cuentas públicas de los gobiernos locales… a nivel promedio las subas no parecen tan significativas, cuando se analizan los casos de manera individual, se puede apreciar en muchos municipios un verdadero compromiso por transparentar su gestión”.

La ciudad de Río Cuarto desde el año 2009, cuenta con la Ordenanza 345, por la cual se crea el Portal de Transparencia, con la obligación de publicar: (i) presupuesto, (ii) dependencia contratante, fecha, nombre e identificación tributaria del proveedor o contratista, objeto del gasto o de la contratación, e importe de las adquisiciones o contratos que superen los $10.000, (iii) normas a las que se sujetan los procesos de contratación y el procedimiento administrativo, (iv) información sobre las contrataciones previstas por el Municipio, (v) planta de personal permanente y no permanente, locaciones de servicios, categorías, montos de haber, funciones, etc. (vi) deuda pública. Información que debe ser actualizada en forma trimestral.
Es decir, hace casi 9 años que el Municipio tiene la obligación por Ordenanza de publicar -con mayor detalle y desagregación- la información que es requerida para la conformación del ranking IARAF.

Municipalidad de Río Cuarto: fecha del relevamiento 4 de septiembre de 2017*
Asignaturas pendientes

Transparencial_Tabla

*Elaboración AGA Argentina

Sin bien no se trata de un Portal de Datos Abierto, sino de Transparencia, la norma legal establece obligaciones que no se estarían cumpliendo. Ciertamente, los estándares actuales para determinar niveles de transparencia y acceso a la información son más elevados que en 2009. El criterio es que la información pública debe ser abierta por defecto. Uno de los aspectos centrales del nuevo paradigma de gobierno abierto es la apertura de información y datos desde los gobiernos hacia la ciudadanía para que estos puedan ser usados y reutilizados, posibilitando también distintos esquemas de rendición de cuentas.

El fundamento es que los datos e información creados o en poder de las administraciones pertenecen a la sociedad. Los gobiernos son meros administradores, sin embargo relevan, acumulan y producen enormes volúmenes de datos respecto de los ciudadanos, las empresas, y una infinidad de temas, que no se proveen. Esta masa crítica de datos e información, el potencial conocimiento derivado de su análisis mediante nuevas herramientas analíticas y de cálculo estadístico, y en particular, el cruce o relación de los datos es hoy un derecho de la ciudadanía. Para ello la información y los datos deben ser completos, oportunos, accesibles y en formatos estructurados para su procesamiento, como hojas de cálculo, archivos CSV como mínimo. Los formatos de datos no estructurados, como imágenes o archivos PDF1, permiten que los datos se vean, pero no que sean extraídos para su análisis. La información publicada en el sitio web municipal de Río Cuarto no cumple éstos estándares.

Al mismo tiempo es importante no confundir gobierno electrónico, con gobierno abierto. Herramientas tales como “ciudadano digital”, trámites en línea, o la despapelización de la administración son destacables y favorecen la eficiencia, pero no son acciones que se encuadren directamente dentro de una política de gobierno abierto. La OGP (Alianza Internacional para el Gobierno Abierto) al respecto sostiene que “… no todas las reformas de e-government favorecen la apertura, para ser considerados compromisos relacionados a los valores de gobierno abierto es necesario articular la incorporación de tecnología con aspectos claros de acceso a la información pública, participación ciudadana o rendición de cuentas…”.

La OGP en su guía de compromisos indica además, respecto a la contratación pública que, como presupuesto mínimo se debe garantizar el acceso a la información contenida en contratos y documentos relacionados con la licitación, esto incluye información de cómo se negocian los contratos, objeto del contrato, cómo se desarrollan los trabajos, y las áreas responsables del seguimiento. Los estándares actuales para “contratación abierta” suponen aumentar la publicidad (ex antes y ex post) y la participación ciudadana en los procesos de contratación pública y en toda la gama de contratos, inclusive los contratos financiados por fuentes públicas y privadas conjuntamente. La información de datos relevantes de la contratación pública no solo la publicidad de la contratación, como así también que los contratos se asignen mediante procesos competitivos, son hoy una pauta clave de transparencia.

Otra “variable” destacada para el Organismo Internacional –OGP- es la publicación de las declaraciones juradas de los funcionarios y la información sobre posibles conflicto de intereses. En este aspecto las recomendaciones indican la necesidad de establecer una reglamentación para transparentar el patrimonio, los ingresos y las actividades de los funcionarios públicos, y la necesidad de establecer reglas para identificar y gestionar los conflictos de intereses. Algunas recomendaciones sugieren la designación de una agencia responsable para recopilar las DDJJ con autoridad y competencias suficientes para realizar una verificación de los datos, solicitar información a otras entidades e indagar a partir de denuncias del público. Río Cuarto desde el año pasado publica las DDJJ en formatos PDF, pero se requeriría estandarizar los criterios ya que se observan divergencias.

Además de estos brevísimos comentarios que surgen de los documentos de OGP, podemos también tomar otra pauta para contextualizar el informe de IARAF, por ejemplo el Índice de Datos Abiertos de Ciudades Argentinas que elabora la fundación Open Knowledge International (http://ar-cities.survey.okfn.org ). Algunas de las variables con las que se construye el ranking son: transporte público, compras y contrataciones, gasto público, presupuesto, medio ambiente. La variable “compras y contrataciones” se desagrega en: licitaciones por oficina de gobierno, concursos por oficina de gobierno, nombre de la licitación, descripción, adjudicación, monto, proveedor. En el caso de “gastos públicos” se verifica si está disponible la información respecto a la oficina que realizó el gasto, el objeto del gasto y el monto. Respecto a “medio ambiente” la información disponible refiere a agua (materia fecal, arsénico, flúor, total sólidos disueltos) y aire (partículas, monóxido de carbono, materia orgánica volátil, óxido de sulfuro).

Para este Índice el primer puesto lo ocupa la Ciudad de Córdoba, seguido por Buenos Aires, Villa María y Bahía Blanca, en ese orden. En el Índice elaborado por IARAF, Bahía Blanca, ciudad lider en Gobierno Abierto y caso de estudio para Organismos como la OEA, aparece en el lugar número 15 y Villa María cerca del lugar 50. Transparencia Internacional de España publica un Índice de las Comunidades Autónomas (INCAU). El Índice se construye con un total de 80 indicadores. Recomendamos ver la página www.transparencia.org.es. La publicación de la OCDE “Government at a Glance 2017” también proporciona una serie de indicadores que merecen tenerse en cuenta (http://www.oecd.org/oecddirect/). Estos indicadores se presentan no sólo para un conjunto estándar de procesos y procedimientos de la gestión pública, sino también respecto a la gestión regulatoria, el sistema de compras y adquisiciones, y se evalúa el grado de apertura, transparencia e integridad a través de todas las funciones y procesos. Se trata de indicadores que se construyen desde una dimensione sistémica de la gobernanza pública, y esto ofrece una visión integral, evitando o disminuyendo los riesgos de conclusiones sesgadas o parciales.

El Portal de Transparencia de la Municipalidad de Río Cuarto que está integrado al sitio web municipal (http://transparencia.riocuarto.gov.ar) tiene aún asignaturas pendientes. La más importante, ninguno de los datos que publica son abiertos. Los formatos en los que se publica la información es PDF lo que impide su uso y reutilización. Los informes de gestión presentan mapas geo-referenciados que permiten una buena visualización y que dan cuenta de la disponibilidad de categorías importantes de datos que aún no se han abierto. En síntesis, queda un largo camino por recorrer. Celebramos que en ese empeño desde hace más de un mes se está trabajando en una mesa de diálogo para la elaboración de la Ordenanza de Gobierno Abierto.

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El Manejo de los Grandes Datos. Datos Abiertos, Big Data y el mito del Data Scientist. Parte II.

Subido el 28 diciembre, 2016 Por admin In Big Data, Gobierno Abierto, Modelos de gestión, Open Data, Periodismo de datos /  

Por Adela P. Depetris

Un número en progreso continuo de compañías y gobiernos europeos cuentan ya con un CDO (siguiendo el estilo del CEO -Chief Executive Officer-, el CDO es un Chief “Data” Officer) lo que no hace sino enfatizar la necesidad y presión existentes para crear valor con la creciente cantidad de datos. Y no sólo en Europa: también el Presidente Obama de Estados Unidos cuenta con un CDO.

Hasta hace poco, en el sector público, sólo trabajaban con datos los empleados de las áreas de estadísticas y censos. Hoy no alcanza ese conocimiento para trabajar con Datos Abiertos o con Big Data. Este diagrama muestra la intersección de los grandes datos y los datos abiertos.

Se necesitan tanto habilidades “duras” como “blandas” (e-skills). Las habilidades “duras” son las técnicas, estadísticas y analíticas, junto con el dominio en un área específica de conocimiento para entender y derivar información de los datos. Primero se debe analizar el problema y pensar cuál es el mejor modo de resolverlo usando datos. El análisis de datos es hecho por estadísticos, mientras que la programación de algoritmos y el Machine Learning son habilidades técnicas (conocimientos de programación en un rango que puede ir desde lo básico hasta lo profundo de programación, así como de herramientas de nombres tales como Hadoop, SPSS o R). A las habilidades “duras” de hoy es imprescindible agregar las “blandas”, tales como: habilidad para la resolución de problemas, colaboración, curiosidad, creatividad y la capacidad de comunicar los resultados a los interesados. Como data scientist, investigador o entusiasta con ansias de desarrollar nuevos productos o nuevos servicios, la idea es trabajar con datos y obtener valor de ellos. Y es necesario ser capaz de construir un puente entre la informática, los negocios o la política ya que la capacidad de comunicar es la clave para unir los dos mundos ya sea se trabaje con empresas o gobiernos.

El punto no es hallar un científico de datos que puede trabajar todo el proceso por su cuenta. Por el contrario, crear un equipo de trabajo es el mejor camino. No todos necesitan ser capaces de aprender a programar para trabajar con datos abiertos, pero sí es recomendable cierto conocimiento de programación. Un equipo multidisciplinario donde se complementen las habilidades es la clave. Cada miembro puede tener un conocimiento básico de todos los aspectos necesarios, pero destacarse con excelencia en una sola área. Se trata de trabajar en un equipo con un liderazgo efectivo. Un buen líder facilita el cambio, reconoce el rendimiento de los miembros del equipo, estimula la colaboración entre ellos, se compromete con su desarrollo, y es capaz de gestionar decisiones y proveer dirección.

Los gobiernos serán los grandes re-usadores de datos abiertos. Sin embargo, necesitan asegurarse que los datos abiertos sean incorporados en la vida de todos los días de los ciudadanos y que no sean olvidados después de un par de años cuando el pico de la moda pase. El mejor camino es mostrar casos prácticos de creación de valor a través del re-uso de datos abiertos. Los gobiernos deberían liderar con el ejemplo y proactivamente compartir el re-uso hecho de los datos que ellos manejan, dando fe de la utilidad de los datos y estimulando la liberación y actualización de datasets.

 

(*) Diagrama y datos extraídos del informe analítico “E-skills y Datos Abiertos” del Portal europeo de datos http://www.europeandataportal.eu/

(**) Brecha de habilidades http://edsa-project.eu/addressing-the-big-data-and-data-science-skills-gap-at-ict2015/

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Datos abiertos

Una trilogía pujante: gobierno abierto, periodismo de datos e innovación

Subido el 1 noviembre, 2016 Por admin In Big Data, Gobierno Abierto, Modelos de gestión, Open Data, Transparencia /  

Por Florencia Baudino

Gobierno abierto, open data o datos abiertos, junto con periodismo de datos está colmando los espacios públicos y privados, instituciones, organizaciones sociales y medios de comunicación. Se trata de un fenómeno que crece y cobra relevancia en los últimos años. Ello es así porque el Siglo XXI trae consigo la conformación de una sociedad inmersa en el mundo de la información. Sin embargo, los datos o la información necesitan su contexto. Se requiere análisis, sistematización, interpretación y visualización. Es allí donde el periodismo de precisión da el salto hacia lo que hoy se presenta como “periodismo de datos”. Las iniciativas de transparencia, acceso a la información y gobierno abierto colaboran de manera sustancial en los esfuerzos por presentar a la comunidad no solo primicias sino también información periodística de calidad, basada en datos. Las Plataformas de Gobierno Abierto implementadas por las distintas esferas de la administración pública, que incluyen además el acceso a conjuntos de datos organizados (datasets), son utilizados por la sociedad civil y los medios de comunicación con el fin de encontrar asociaciones que permitan extraer conclusiones, y así obtener y ofrecer a la ciudadanía una mejor comprensión de la realidad. En el país, la situación legal e institucional en orden a acceso a la información pública y gobierno abierto es dispar. Hay aún mucho camino por recorrer, implicaría un aporte fundamental para el periodismo de datos y el ecosistema de innovación un avance progresivo y sistemático. Sin embargo, todavía se discute la Ley Nacional de Acceso a la Información (ver aparte) que es apenas el primer paso. Es cierto que, algunas provincias y municipios, cuentan con legislación que consagra el derecho de acceso a la información pública desde hace ya varios años, y van por más con la implementación de Plataformas de Gobierno Abierto y Portales de Open Data. Entre otras, recientemente la intendencia de la Ciudad de Córdoba, y de Villa María, en la provincia de Córdoba o la de Pilar, en provincia de Buenos Aires, han implementado sus plataformas de Gobierno Abierto donde se incluye la visualización de distintos catálogos de información y algunos de datos abiertos. Muchas veces se mezclan catálogos de información con catálogos de datos; y no son lo mismo. Información son datos ya procesados y analizados por otros. Cuando hablamos de Portales de Datos Abiertos nos referimos principalmente a “datos duros” susceptibles de ser analizados por otros, por ejemplo periodistas que puedan hacer su propia interpretación y reconstrucción de la realidad con los datos provistos. A nivel nacional, también está avanzando bajo la coordinación del Ministerio de Modernización con su Plan de Apertura de Datos (www.datos.gob.ar). El problema para encontrar información aún depende de cuán hábil es el usuario al momento de identificar los datos. Es decir, si bien existen avances a nivel gubernamental, la paciencia y la perseverancia son condición esencial de la búsqueda. 10 o más clics se necesitan la mayoría de las veces para llegar finalmente al dato, y ello sucede si se tiene claridad respecto a aquello qué se está rastreando, pero además se debe contemplar la posibilidad de llegar a información desactualizada o incompleta, y eventualmente en formatos que impidan su procesamiento. Vale decir, no solo basta con exhibir datos públicos, también hay que producirlos en formatos reutilizables que contribuyan a crear valor. Estar a la vanguardia del ecosistema de datos abiertos representa un desafío. Aún prevalece la confusión en torno a la usabilidad de estas plataformas, se requiere cierto conocimiento y mayor experiencia del ciudadano y de los medios para el tratamiento de los datos. Es un camino en construcción, en el cual los distintos sectores y actores sociales deberán actuar en conjunto y con responsabilidad social en el proceso de abrir información y acceder a las herramientas que permitan su procesamiento y utilización, no sólo para saber sino también para crear valor público y alimentar el sistema de innovación.

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Decálogo de herramientas propuestas por la Organización de los Estados Americanos

Subido el 16 mayo, 2016 Por admin In Gobierno Abierto, Modelos de gestión, Transparencia /  2

Gobierno Abierto en los Municipios

1. Ley de Acceso a la Información Pública (AIP): es el marco legal del derecho humano de acceso a la información en poder del Estado, generalmente refiere a la posibilidad ciudadana de solicitar información. Objetivo: Transparencia Pasiva y Participación.

Herramienta: institucionalidad formal.

2. Datos Abiertos (Open Data): implica la apertura de datos e información en poder del Estado de manera proactiva sin que los ciudadanos la soliciten en formatos que permitan su reutilización. Objetivo: Transparencia Activa y Colaborativa, Dinamización de la economía, Crear valor público.

Herramientas web:

DataHub http://datahub.io solución web para subir datasets y hacerlos visibles,

CKAN http://ckan.org portal de gestores de contenido de datos de acceso abierto,

Ejemplos: Bs As.: http://data.buenosaires.gob.ar, Brasil: http://dataviva.info/ portal de datos abiertos en materia de actividad económica, exportaciones, sector laboral y empleo.

Chile, Municipio de Peñalolen: http://datos.peñalolen.cl, Montevideo: http://catalogodatos.gub.uy

3. Sistemas de Contratación Abierta: aplicación de los principios del GA en todo el proceso de la contratación pública. Objetivo: Transparencia Activa, Participación y Rendición de Cuentas.

Herramientas web/ejemplos:

Colombia. Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP). http://www.contratos.gov.co

Red Interamericana de Compras Gubernamentales http://www.ricg.org/

4. Foros Abiertos o Foros Ciudadanos: espacios abiertos y estables en el tiempo para informar, consultar, y desarrollar procesos de escucha activa. Pueden ser presenciales o virtuales.

Herramientas web:

El gestor de contenidos CMS WordPress ofrece una cantidad de soluciones web 2.0 para gestionar foros virtuales. Ejemplo: http://bbpress.org/

5. Innovación Abierta, Co-creación y Co-producción: son procesos abiertos para la creación de nuevas soluciones, permite sumar a más ciudadanos en el diseño de servicios (co-creación) y en la prestación de los servicios (co-producción). Objetivos: Transparencia, Participación y Colaboración.

Ejemplos: el fenómeno wiki permite la co-creación siendo su expresión más representativa la llamada Wikipedia, los Hackatón (o maratones hacker) son también semilleros de nuevas ideas basadas en la co-creación e innovación abierta.

6. Portales de Transparencia: son plataformas web con información y datos públicos “liberados” y de acceso abierto, que además permiten algunas formas de interacción con el ciudadano. Estos portales deben además proporcionar mejor información, es decir más comprensible y amigable. Objetivos: Transparencia Activa y Focalizada, Participación y Rendición de Cuentas.

Herramientas web/ejemplos:

México: Portal de Transparencia Focalizada http://inicio.ifai.org.mx

Chile: Portal de Transparencia http://www.portaltrasparencia.cl/

Municipio de Peñalolen: Portal de Transparencia Activa en el sitio web municipal

7. Portales Open Data: son plataformas web con datos abiertos en formatos reutilizables, contienen “datos crudos” que posibilitan su análisis y procesamiento por distintos usuarios. Los datos están disponibles para que los ciudadanos desarrollen sus propios usos y análisis, consecuentemente se diferencian de los Portales de Transparencia, en tanto permiten: dinamizar la economía mediante el desarrollo de nuevos servicios y aplicaciones, crear valor público, transformar procesos y servicios.   

Herramientas web:

DataHub http://datahub.io solución web para subir datasets y hacerlos visibles,

CKAN http://ckan.org portal de gestores de contenido de datos de acceso abierto,

Tableu: http://www.tableausoftware.com/public/ herramienta gratuita,

Wave: http://www.oicweave.org/ herramienta muy potente para graficar cualquier tipo de datos.

Ejemplos: Municipio de Peñalolen: http://datos.peñalolen.cl, Ciudad de Buenos Aires: http://data.buenosaires.gob.ar

8. Crowdsourcing: es una convocatoria abierta y masiva de participación y colaboración para la producción de ideas y soluciones. Objetivo: utilizar la inteligencia de las comunidades de modo colaborativo en beneficio de un interés común.

Herramientas web:

IdeaScale  http://www.ideascale.com

What if. Instalación web 2.0 que permite promover procesos de participación ciudadana y creatividad colectiva.

9. Plataformas cívicas: espacio ciudadano, generalmente utilizado por las OSC, para canalizar peticiones, armar agendas o soluciones basadas en la inteligencia colectiva. Objetivos: Participación y Colaboración.

Herramientas web:

What if permite promover procesos de participación ciudadana y creatividad colectiva, facilitando tareas de consulta y visualización de datos.

Ejemplos: Municipio de Montevideo y de Palmares, Costa Rica: Plataforma “PormiBarrio” accesible por computadora (o móvil) que permite al ciudadano reportar daños, vandalismo, desperfectos y otros problemas de su barrio al municipio.

10. Civic Apps: las apps ciudadanas permiten a cualquier ciudadano informar cualquier hecho o cuestión de relevancia, o también a través de la utilización de los “datos abiertos” bajar cierta información. Objetivo: Transparencia, Participación, Colaboración y Rendición de Cuentas.

Herramientas web/ejemplos:

Hay plataformas que ofrecen servicios gratuitos de construcción de Apps:

http://www.apps-builder.com/

www.webappgenerator.com

España: ReparaCiudad http://reparaciudad.com/: los ciudadanos cuando van por la calle y ven un incidente en la vía pública, pueden hacer la foto, utilizar el posicionamiento por el GPS para enviar la foto al municipio. El municipio puede también usar la aplicación para informar que el incidente está resuelto.

Ciudad de Bs. As.: ha desarrollado varias aplicaciones móviles (apps): BA 147 para trámites y reclamos; BA Cómo llego: para consultas de cómo llegar a distintos sitios en colectivo, tren o subte;  BA Subte: para saber el estado del subte en tiempo real y alertar cuando hay demoras; BA Móvil: permite saber en tiempo real que pasa con los medios de trasporte.

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