Por María Gabriela Larrauri*

La complejidad de las políticas públicas, en especial las políticas sociales, involucra –con mayor o menor intensidad- a los diferentes niveles de gobierno: nacional, provincial y municipal. No obstante, en los últimos tiempos se advierte un mayor involucramiento de los municipios y la necesidad de trabajar desde el territorio.

En Argentina los municipios no tienen una forma única, debido a que es una facultada reservada por la Constitución Nacional a las provincias, y como resultado de ello hay provincias que otorgan a los municipios facultades limitadas y otros les conceden autonomía plena.

No obstante, cada vez más los gobiernos locales deben asumir un rol protagónico en el diseño, implementación y evaluación de diversas políticas sociales, en parte debido al proceso de descentralización de funciones desarrollado a partir de los ochenta. Esto supone un enorme reto en un contexto de recursos económicos y técnicos limitado.

En este cometido es útil distinguir entre políticas, programas y proyectos. En términos generales podemos afirmar que una política pública se conforma por un conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno, aunque ello no es necesariamente el resultado de un proceso lineal y deliberado de diseño. Las políticas públicas se cristalizan en programas y proyectos donde sí existe una construcción técnica, obviamente también política, y una definición del problema que se busca abordar. Los programas se conciben como un conjunto de proyectos que comparten similares objetivos. Los proyectos pueden ser definidos como la unidad mínima de asignación de recursos para el logro de uno o más objetivos específicos (1) . Los proyectos deben definir una población objetivo en función de la necesidad que se desea satisfacer, una localización espacial, y tiempos de inicio y finalización establecidos.

Estas instancias se distinguen por el alcance de los objetivos, los modos y supuestos para accionar, y los actores involucrados. En cualquier caso es relevante considerar que las políticas, y principalmente los programas y proyectos son procesos que se ponen en marcha, y se relacionan con otros programas y proyectos, con otras formas de organización, otros niveles de gobierno, con la sociedad, con la población objetivo, y su contexto. En términos generales, las políticas públicas son un proceso vivo y en permanente interacción y comunicación.  Pero además, las políticas, los programas y proyectos cada uno individualmente y también desde una perspectiva sistémica, conforman un “ciclo”, es decir se componen por distintas instancias que se retroalimentan. La última etapa retroalimenta a la primera y se reinicia el proceso completo. En este sentido se dice que es un proceso iterativo.

Pero además, la transferencia de responsabilidades al ámbito local municipal, conforma o debiera conformar un nuevo tejido de relaciones económicas, políticas, administrativas e institucionales. Se requiere así redefinir los términos de estas relaciones, tales como los niveles de competencias, las formas y niveles de coordinación y articulación entre la jurisdicción nacional, provincial y local, los mecanismos de distribución de los recursos, la localización de las instancias decisoras del entramado burocrático estatal, por citar algunos ejemplos.

A lo antes expuesto debemos agregar los condicionantes de época. La sociedad del conocimiento trae a un ciudadano más informado que desea participar de las decisiones políticas, y ello supone un desafío adicional para los gobiernos locales. La participación es más intensa, efectiva y comprometida por los asuntos de la ciudad en la que se habita. Un gobierno cerca de la gente implica amplios niveles de descentralización y nuevas vías de interacción, más flexibles y eficientes. En esta línea, se dan hoy iniciativas interesantes, como el denominado “crowdsourcing”, proceso por el cuál se convoca en forma abierta a un grupo indeterminado de personas a contribuir con ideas frescas y relevantes ante problemas complejos. La colaboración tipo “crowdsourcing” se utiliza para resolver problemas que requieren un esfuerzo de cooperación y se utiliza la competencia como un motivador para la participación. También existen iniciativas de “crowdfunding” que suponen la cooperación y confianza colectiva para depositar dinero, usualmente a través de Internet, en apoyo de distintos objetivos (emergencias, desastres, campañas políticas). Es una forma de financiamiento más flexible que los tradicionales y ha sido utilizado para organizaciones privadas más que gubernamentales (2).

Se requiere entonces, innovar en la gestión con un enfoque centrado en el ciudadano y en el territorio. Se necesita reestructurar procesos, simplificar funciones, trabajar en red y de manera colaborativa más que jerárquica, se impone una mayor coordinación entre gobiernos centrales y locales, mayor articulación de políticas, mejor distribución de los recursos, de información y de  competencias. En esta transformación al interior del Estado, los gobiernos locales ocuparan un rol central, que alcanzará amplia legitimación ciudadana en tanto sepan convertirse en espacios abiertos, flexibles, dinámicos, colaborativos, y esencialmente transparentes en la búsqueda de soluciones a las demandas sociales. 

(1) CIPPEC y UNICEF, “Monitoreo y evaluación de políticas, programas y proyectos sociales”, Fundación CIPPEC, Bs. As. 2012.

(2) CEPAL, “El desafío hacia el gobierno abierto en la hora de la igualdad”, Santiago de Chile, febrero 2012.

———————————————————————————————-

*Abogada, especialista en derecho administrativo, regulación de telecomunicaciones y radiodifusión.