Hacia nuevos modelos de gestión en la administración pública

Por Daniela Moyano

Las trasformaciones sociales y políticas en el contexto latinoamericano actual, plantean constantemente la posibilidad y la necesidad de un cambio de enfoque en la gestión pública, siendo muchas veces un aspecto poco frecuente dentro de los discursos y de las propuestas de candidatos y gobernantes.

El rol creciente del Estado, la necesidad de políticas que den respuesta efectiva a problemas básicos, el imperativo de incorporar a la ciudadanía en el proceso de dar respuestas a esos problemas básicos de la sociedad y el avance tecnológico que plasma nuevas herramientas de gestión, se constituyen cada vez más como elementos centrales para la construcción de un nuevo modelo organizacional de la administración pública, planteando a su vez el desafío y la necesidad de abandonar modelos jerárquicos, tradicionales, disfuncionales, inefectivos y poco participativos.

Adicionalmente, en este proceso de trasformación de la gestión se hace necesario armonizar los diferentes elementos dentro de un diseño metodológico que facilite planear y plantear acciones, pero también monitorear y evaluar resultados de la gestión, en la búsqueda de un mejor Estado.

En América Latina un ejemplo de este diseño metodológico fue impulsado en el 2012 por el Gobierno de Colombia que planteo el “Modelo Integrado de Planeación y Gestión[1]”desde una visión holística y sistémica de los procesos de gestión pública que permite articular el quehacer de los distintos organismos y ámbitos de la administración, tomando como hilo conductor cinco políticas de desarrollo administrativo:

  • Gestión Misional y de Gobierno: los organismos deben diseñar sus planes incluyendo objetivos, estrategias, actividades, indicadores y metas.
  • Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano: busca acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública, permitiendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, se integra con distintos componentes entre otros el mapa de riesgos de corrupción, la estandarización y simplificación de trámite, o la garantía de acceso a la información pública y apertura de datos.
  • Gestión del Talento Humano: se orienta al desarrollo y cualificación de los agentes públicos mediante la observancia del principio de mérito, desarrollo de competencias y aplicación de estímulos.
  • Eficiencia Administrativa: busca optimizar el uso de los recursos con la finalidad de alcanzar organizaciones modernas, innovadoras, flexibles, abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder de forma ágil y oportuna a las demandas de la sociedad.
  • Gestión Financiera: se orienta a programar, ejecutar y controlar conforme a los recursos disponibles.

Estas cinco políticas de desarrollo administrativo son transversales a toda planificación sectorial, deben ser implementadas por las instancias ejecutivas de gobierno, y tiene un eje central que es el registro de los avances de la gestión, como insumo para la evaluación y control de los resultados. También como parte inherente e inmersa en el desarrollo de estas cinco políticas se establece la utilización de los medios electrónicos y las tecnologías de la información.

Una de las ventajas que se aprecia del modelo es la articulación de la planeación en todas las instancias de gobierno a través de los cinco lineamientos armonizados que constituyen un marco general, aunque sin desconocer las particularidades y los instrumentos propios de cada área, nivel o sector. Las trasformaciones en la gestión dentro de la administración pública requieren de un rol proactivo del Estado con capacidad constante de percibir, entender y promover cambios y resultados, tanto desde las estructuras como desde los actores, considerando aspectos visibilizados pero también los no tan visibles y reflexionando desde lo pragmático hasta lo subjetivo que emerge de las propias culturas organizacionales.

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[1] Aprobado por Decreto
Fuente:
http://modelointegrado.funcionpublica.gov.co/web/modelointegrado/inicio
http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html

 

 

Cumbre Global Alianza Para el Gobierno Abierto México | 2015

La Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un espacio que promueve el diálogo productivo, la interacción y el intercambio entre representantes de la sociedad civil, oficiales de gobierno y reformadores que trabajan para hacer que sus gobiernos sean más transparentes, con mayor capacidad de respuesta y rindan cuentas.

En 2015 la Cumbre Global se enfocará en destacar cómo los principios de Gobierno Abierto pueden mejorar la respuesta institucional ante los grandes retos sociales y promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Post-2015.

La cumbre está dirigida principalmente a instituciones gubernamentales a nivel estatal y municipal, órganos garantes de acceso a la información en los estados; organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y colectivos; instituciones académicas e investigadores; y a todos los ciudadanos interesados en colaborar y fortalecer los trabajos de la AGA en cualquiera de sus modalidades.

Se llevará a cabo en el Palacio de la Minería de la Ciudad de México los días 27, 28 y 29 de octubre.

Para consultar la agenda completa click AQUÍ.

Se podrá seguir el evento en vivo y participar desde las redes sociales usando las siguientes etiquetas: #AGA15 #OGP15 #GobiernoAbierto

Para mayor información visitar el sitio oficial → Open Government Partnership.

Dependiendo del tipo de dato del que se trate, disímil criterio de acceso se aplicará. El ejemplo del Big Data

De repente han surgido gran cantidad de acepciones que están vinculadas con los datos. ¿O acaso no resulta cada vez más usual escuchar hablar de Big Data, Data Breach, Datos Abiertos o Datos Personales?

Sin embargo se debe advertir que no todos los datos son iguales, sino que hay diversos tipos de datos. Y que por resultar tan diferentes entre sí, les resultan aplicables a cada tipo, principios que pueden verse como antagónicos, o si se quiere como complementarios.

En una rápida aproximación en la búsqueda de criterios diferenciadores entre los diversos tipos de datos, una alternativa pasa por considerar quién es el que está en posesión efectiva del dato de que se trate. Ante lo cual si el dato surge o refleja alguna actividad pública, y por lo general en posesión del Estado, estamos frente a un dato público. 

Sin embargo el hecho que se trate de un dato público, no implica la titularidad del Estado, sino todo lo contrario, la titularidad de la ciudadanía y la consecuente aptitud de ser recuperados en cualquier momento por sus dueños, los ciudadanos.

Si bien la recuperación de los datos públicos es un presupuesto ineludible para que la ciudadanía pueda ejercer derechos más intensos e idóneos en la participación de la discusión de cuestiones de interés público, existen ciertos supuestos excepcionales que aún cuando los datos estén o hayan sido generados en el ámbito gubernamental, el marco legal estatuye una restricción específica para su acceso, como es el caso de datos personales en poder del Estado. 

El ejercicio de este derecho básico de información sobre la cosa pública no debe ceñirse a garantizar el acceso a la información pública, sino que debe indefectiblemente incluir, para ser efectivo, la disposición de los datos públicos en función de los “8 principios” que son de referencia internacional: “completos, primarios, actuales, accesibles, procesables, no discriminatorios, no propietario, sin licencia”, para el desarrollo de nuevas aplicaciones, servicios, actividades económicas y para una efectiva rendición de cuentas por parte de los gobernantes ante la ciudadanía.

Esa ineludible apertura de acceso aplicable a los datos públicos de titularidad ciudadana se contrapone o complementa con el criterio restrictivo de acceso que rige, como regla general, para los datos personales de titularidad de cada individuo en particular producto de la tutela especial que brindan las leyes de protección de datos personales.

La necesidad de distinguir acerca del diferente tipo de dato deviene relevante frente al disímil criterio aplicable para el acceso a los mismos.  Por una parte los datos públicos sujetos a un criterio de apertura total y a entera voluntad del requirente y por el otro, los datos privados, cuyo levantamiento del cerrojo para su acceso depende exclusivamente de la voluntad expresa del titular del mismo.   

El respeto de ambos criterios, que aparecen como antagónicos pero que también pueden verse como complementarios, es indispensable para un verdadero empoderamiento de la ciudadanía, en cuanto a su participación activa en la discusión de las cuestiones públicas como en la protección de su ámbito de privacidad.

Un ejemplo concreto de las consecuencias que se presentan según el diferente tipo de dato que se trate, surge a las claras con el fenómeno del Big Data, entendido como el almacenamiento y análisis de un gran y complejo conjunto de datos a través de la utilización de una serie de técnicas especiales para lograr tales fines, y que es una realidad cada vez más vigente tanto en el mundo de los datos privados como públicos. 

La utilización intensiva de los datos originariamente emparentada con el sector empresarial privado empieza a ser empleada por el sector público en la adopción de mejoras en sus políticas públicas a través del procesamiento de aquella información provista por sensores o cámaras ubicados en el espacio público. Lo cual sin duda resulta sumamente auspicioso y virtuoso en el ámbito público. Sin embargo, en lo que concierne a datos privados esas ventajas de una utilización intensiva se ven opacadas frente a los novedosos riesgos a los que se puede encontrar expuesta la privacidad en el transcurso de este proceso. Al mismo tiempo,  el sector privado a través del proceso de apertura de datos públicos está cada vez más desarrollando aplicaciones en algunos casos comerciales y en otras de mejoras en la prestación de los servicios públicos.  Cada vez más los “datos” son una materia prima esencial para el desarrollo económico y la innovación social. 

Big d

Transparencia activa y el derecho de acceso a la información pública

Toda apertura de información pública es un paso positivo hacia la conquista de una sociedad más democrática. Existen hoy a disposición de la humanidad herramientas tecnológicas que permiten poner en marcha distintas iniciativas para abrir gobiernos.

Con la tecnología y los recursos humanos con los que se cuenta, es factible, sin grandes presupuestos, disponer de un portal de datos abiertos o una plataforma para la participación ciudadana. No obstante la tecnología no es más que una herramienta, se requiere además voluntad política y un marco legal que paulatinamente vaya transformando iniciativas, más o menos discrecionales de los gobiernos, en un derecho ciudadano.

En ese contexto es necesario distinguir,  “derecho de acceso a la información” y “transparencia activa”. Son dos conceptos vinculados pero diferentes.

El derecho de acceso a la información parte de la presunción general de que toda la información en poder del gobierno debe ser accesible y pública, y en ese entendimiento se regulan o establecen los mecanismos para facilitar y garantizar dicho acceso.   Muchos de los países de la región cuentan hoy con una Ley de Acceso a la Información, que permite a cualquier ciudadano acceder a la información que requiera a la administración pública o a otros poderes del Estado. 

Argentina no ha logrado consagrar una ley general, sino solamente un decreto que reglamenta el “acceso a la información pública” en el ámbito del Poder Ejecutivo (Decreto 1172/2003). En la provincia de Córdoba, existe una ley del año 1999, de características claramente restrictivas.

En ambas instancias, nacional y provincial, se ha dado una deficiente y escasa aplicación de la regulación y una débil protección a las garantías allí previstas. Paralelamente, a nivel internacional, el derecho de acceso a la información ha tenido un avance cualitativo, y  tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principales Tratados Internacionales, consideran al derecho de acceso a la información un derecho humano básico que encuadra dentro de la garantía de libertad de expresión.

Transparencia activa supone un paso más dentro de las conquistas ciudadanas a las inmunidades del poder, e implica la publicación de información y la apertura de los datos públicos que el gobierno genera y maneja de manera proactiva, es decir por iniciativa propia de las entidades públicas, y no a requerimiento de los particulares. Los gobiernos deben publicar la información con la que cuentan, el acceso es la regla y el secreto la excepción.

El acceso a la información y a los datos debe ser para los ciudadanos fácil, rápido, efectivo, en formatos reutilizables y gratuito. También debe asegurarse que la información sea completa, veraz y contextualizada. Adicionalmente la información almacenada electrónicamente debe ser entregada por vía electrónica y en formatos abiertos.

Las recomendaciones internacionales también indican la necesidad de contar con organismos independientes que supervisen el cumplimiento de este estándar de transparencia, y que pueda llevar a cabo investigaciones, recibir denuncias y aplicar sanciones.

Se impone trabajar por un marco legal que recoja ambas dimensiones del acceso a la información y a los datos públicos, tanto desde el derecho individual como desde la obligación institucional de tomar la iniciativa en abrir la información y datos con los que cuentan.

Transparencia-publica