Por María Gabriela Larrauri (*)
Quizás no estemos más en la Sociedad de la Información, quizás hemos entrado a la Sociedad del Cambio (o del Caos). En la Sociedad del Cambio nada indica que la información o los datos son menos importantes, todo lo contrario, la dinámica y la velocidad del cambio hace más relevante contar con información de calidad. Indicadores válidos y sostenidos en el tiempo que nos permitan interpretar un presente caótico. Una hoja de ruta para gestionar estratégicamente una realidad interdependiente y cambiante.
No es caprichoso entonces que tengamos una Ley Nacional de Acceso a la Información Pública como también leyes provinciales u ordenanzas municipales, más todas las recomendaciones internacionales que consideran el derecho a la información pública (AIP) como derecho humano. Sin embargo, no son condición suficiente.
En la práctica, los gobiernos se resisten a dar información de calidad. Datos hay y muestran, el problema es la dispersión, la duplicación de portales, la atomización, los formatos en los que se proveen, el constante cambio en los criterios de exposición, la combinación con noticias y propaganda, la falta de fechas y actualización en muchos casos, y esto no es casual ni ingenuo.
Información de calidad -clara, veraz, oportuna, completa- que dé sustento a las decisiones es central en una sociedad sometida a fuertes limitaciones en sus derechos, tal como lo vivimos en pandemia o frente a las eternas crisis inflacionarias. Necesitamos institucionalizar una cultura de gobierno abierto y promover la obligación de los Estados a informarnos con datos de calidad.
Útil es recordar que, información pública no es propaganda, no son anuncios en los diarios o en las páginas web, ni es la publicidad oficial que nos ahoga con slogans. Información pública es que los ciudadanos puedan acceder en forma relativamente sencilla a información completa y veraz, y evalúen ellos la implementación de las políticas que siguen diseñando unilateralmente los Estados, vaciando de contenido y de efectividad un concepto como el de “gobierno abierto o gobernanza” que debería ser cuanto menos una brújula ordenadora para el caos actual.
Información pública es la convicción de cada gobierno de no modificar, segmentar, manipular o inaugurar nuevos portales de datos con nuevos criterios cada vez que inicia una gestión porque ello conspira con la posibilidad cierta de hacer un seguimiento en el tiempo y un análisis en perspectiva de la información publicada. Disponemos de datos a escala planetaria y de máquinas que tratan volúmenes inmensos de datos. Podemos cartografiar prácticamente todo lo que existe, pero en los sitios web oficiales se informa y se publica con criterios absolutamente discrecionales y con poca voluntad de facilitar el acceso a los ciudadanos. Los gobiernos no se toman en serio su obligación de transparencia activa y siguen optando por la opacidad.
