Por Daniela Moyano
Las trasformaciones sociales y políticas en el contexto latinoamericano actual, plantean constantemente la posibilidad y la necesidad de un cambio de enfoque en la gestión pública, siendo muchas veces un aspecto poco frecuente dentro de los discursos y de las propuestas de candidatos y gobernantes.
El rol creciente del Estado, la necesidad de políticas que den respuesta efectiva a problemas básicos, el imperativo de incorporar a la ciudadanía en el proceso de dar respuestas a esos problemas básicos de la sociedad y el avance tecnológico que plasma nuevas herramientas de gestión, se constituyen cada vez más como elementos centrales para la construcción de un nuevo modelo organizacional de la administración pública, planteando a su vez el desafío y la necesidad de abandonar modelos jerárquicos, tradicionales, disfuncionales, inefectivos y poco participativos.
Adicionalmente, en este proceso de trasformación de la gestión se hace necesario armonizar los diferentes elementos dentro de un diseño metodológico que facilite planear y plantear acciones, pero también monitorear y evaluar resultados de la gestión, en la búsqueda de un mejor Estado.
En América Latina un ejemplo de este diseño metodológico fue impulsado en el 2012 por el Gobierno de Colombia que planteo el “Modelo Integrado de Planeación y Gestión[1]”desde una visión holística y sistémica de los procesos de gestión pública que permite articular el quehacer de los distintos organismos y ámbitos de la administración, tomando como hilo conductor cinco políticas de desarrollo administrativo:
- Gestión Misional y de Gobierno: los organismos deben diseñar sus planes incluyendo objetivos, estrategias, actividades, indicadores y metas.
- Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano: busca acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública, permitiendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, se integra con distintos componentes entre otros el mapa de riesgos de corrupción, la estandarización y simplificación de trámite, o la garantía de acceso a la información pública y apertura de datos.
- Gestión del Talento Humano: se orienta al desarrollo y cualificación de los agentes públicos mediante la observancia del principio de mérito, desarrollo de competencias y aplicación de estímulos.
- Eficiencia Administrativa: busca optimizar el uso de los recursos con la finalidad de alcanzar organizaciones modernas, innovadoras, flexibles, abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder de forma ágil y oportuna a las demandas de la sociedad.
- Gestión Financiera: se orienta a programar, ejecutar y controlar conforme a los recursos disponibles.
Estas cinco políticas de desarrollo administrativo son transversales a toda planificación sectorial, deben ser implementadas por las instancias ejecutivas de gobierno, y tiene un eje central que es el registro de los avances de la gestión, como insumo para la evaluación y control de los resultados. También como parte inherente e inmersa en el desarrollo de estas cinco políticas se establece la utilización de los medios electrónicos y las tecnologías de la información.
Una de las ventajas que se aprecia del modelo es la articulación de la planeación en todas las instancias de gobierno a través de los cinco lineamientos armonizados que constituyen un marco general, aunque sin desconocer las particularidades y los instrumentos propios de cada área, nivel o sector. Las trasformaciones en la gestión dentro de la administración pública requieren de un rol proactivo del Estado con capacidad constante de percibir, entender y promover cambios y resultados, tanto desde las estructuras como desde los actores, considerando aspectos visibilizados pero también los no tan visibles y reflexionando desde lo pragmático hasta lo subjetivo que emerge de las propias culturas organizacionales.
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[1] Aprobado por Decreto
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