Open Data Day 2016 – Fomentar la apertura de datos

Open Data Day 2016

Con el objetivo de fomentar la apertura y uso de datos, se celebra el Open Data Day el próximo 5 de marzo, en una dinámica de múltiples eventos simultáneos en decenas de ciudades, en todo el mundo.

Open Data Day es una iniciativa lanzada en 2010 por la Fundación Open Knowledge. Consiste en un conjunto de actividades locales, o “grassroots” que germinan por todo el mundo para la promoción de una cultura de datos científicos, meteorológicos, culturales, financieros, ambientales, estadísticos y de transporte, entre otros.

Se planean reuniones, hackatones o talleres en los que se pueden desarrollar apps, liberar más datos, armar visualizaciones y publicar análisis. Es abierto. Cualquiera que esté interesado puede crear un evento a través del sitio oficial y cualquier persona, sea desarrollador, diseñador, investigador o incluso un habitante local, puede asistir.

Conoce las iniciativas que se esperan este año en el mundo hispanoparlante.

Buenos Aires, Argentina

Un foro y barcamp donde la Sociedad Civil, integrantes del gobierno, legisladoras, académicos y hackers cívicos, nos daremos al encuentro en un día de ideación para trabajar junto en Gobierno Abierto durante el 2016.

La Paz, Bolivia

La organización sin fines de lucro ACM-SIM organiza una serie de presentaciones keynotes y una jornada de visualización de datos

Lima, Perú

Open Data Perú tiene programadas charlas, talleres y un hackatón.

Quito, Ecuador

School of Data y MediaLab UIO contemplan una reunión de alrededor de 50 participantes sobre Datos Abiertos. 

San Salvador, El Salvador

Open Knowledge El Salvador, Consorcio por la Transparencia y Asociacion Civil Red Ciudadana están convocando a talleres y actividades de promoción de datos abiertos.

Guatemala, Guatemala

La capital de Guatemala prevee una conferencia y talleres organizados por la asociación Red Ciudadana.

Ciudad de México, México

En Ciudad de México, Social TIC, en colaboración con Google Devs y Centraal invitan a una sesión de expediciones de datos, capacitaciones y presentación de proyectos.

Colima, México

Introducción a datos abiertos, plataformas para publicación de datos abiertos, exploración de datos, herramientas, hacktivismo e iniciativas impulsadas por la cultura hacker son los temas de las conferencias que ocurrirán en Colima.

Son organizadas por las asociaciones Tecnologías Libres para Innovación y Desarrollo AC y AppData.

Torreón, México

El ayuntamiento de Torreón convoca a conferencias y actividades de promoción de la cultura de Datos Abiertos.

Ciudad Obregón, México

Una serie de conferencias y un hackatón son organizados por Universidad La Salle, el ayuntamiento de Cajeme y Mawe Tecnologías.

Pamplona, España

Finodex Accelerator invita a capacitaciones, talleres y conferencias

Granada, España

Enfocados en generar historias a partir de historias locales, Open XXI y la Universidad de Granada organizan un hackaton en Granada.

http://hackaton.okfn.es

Madrid, España

Journocoders Madrid, Open Knowledge Spain, Medialab-Prado convocan a un hackatón.

Fuentes de información:

http://opendataday.org/

http://ar.okfn.org/

Empresas con sello “B”

Por Zarina Forclaz

B Labs es una organización sin ánimo de lucro que creó la certificación B Corporation. ¿En qué consiste? La certificación como Empresa “B” es otorgada a aquellas empresas que en su quehacer tienen un impacto social y ambiental positivo y que muestran transparencia y responsabilidad en sus actividades diarias. Mediante esta certificación, se promueve estructuras empresariales innovadoras donde converjan los intereses económicos de las empresas con los de la sociedad y el medioambiente, a la vez que ayuda a que las empresas de alto impacto sean construidas para durar en el tiempo.

¿Cómo formar parte de la Comunidad “B”? El camino para ser una Empresa B Certificada consta de 6 escalones. El piso es ser una empresa constituida y llevar al menos 12 meses en funcionamiento. El objetivo de este requisito temporal es demostrar que la sostenibilidad es parte de la esencia de la empresa y, de esta manera, que la misión puede sobrevivir ante los posibles cambios que se sucedan en la organización.

Pasos para la certificación B

  1. Evaluar. La Evaluación B (Disponible aquí) es un instrumento gratuito, accesible y en línea que mide a través de 100 preguntas cómo la empresa opera en cada uno de estos 5 ámbitos: Gobernanza, Modelo de negocios, Prácticas Ambientales, Laborales y Sociales. Con la evaluación se busca abarcar la mayor cantidad de buenas prácticas o políticas que puede tener una empresa que quiere ser B y permite comparar con otros pares y encontrar mejores prácticas para cada una de las áreas.
  2. Calificar. Mediante el contacto vía telefónica un miembro de B Labs resolverá dudas y calificará las prácticas de la empresa. Para ser una Empresa B es necesario obtener una certificación superior a los 80 puntos sobre un total de 200.
  3. Documentar. Es necesario entregar documentación que respalde la información de la evaluación.
  4. Comprometerse. Para ser parte del Sistema B se debe firmar una Term-sheet que explicita deberes y derechos como Empresa B.
  5. Modificar el estatuto. Se debe adaptar el estatuto de manera que considere a los trabajadores, la comunidad y al medio natural de manera vinculante en el proceso de toma de decisiones. Las modificaciones legales varían según el país.
  6. Abonar. Anualmente se debe pagar la certificación, cuyo costo varía según el nivel de facturación anual de la empresa.

“Empresas B”: Mejores para el mundo

Por Zarina Forclaz

El siglo XXI parece ser el siglo de los desafíos globales. Las consecuencias del cambio climático y las crecientes desigualdades sociales son algunos de los retos a los cuales nos enfrenamos. Ante los estos grandes problemas, la solución es una: el desarrollo sustentable en sus dimensiones ambientales y sociales, que no comprometa la capacidad de generaciones futuras, respete la diversidad cultural y se sostenga en la gobernabilidad democrática; y de calidad, esto es, el crecimiento debe ser inclusivo.

El objetivo parece ambicioso. Se necesitan estrategias a largo plazo y el compromiso de todos y en este camino las empresas son un actor clave. Las empresas se constituyen como un vehículo efectivo para consolidar un nuevo modelo de crecimiento que ponga la rentabilidad económica al servicio de la misión del desarrollo sostenible y la construcción de sociedades más humanas, justas y equitativas.

En esta vía se inscriben las “Empresas B”: un movimiento comprometido con el cambio mediante la adopción de una nueva ética en los negocios. Las Empresas B generan rentabilidad financiera, pero simultáneamente persiguen impactos positivos en la sociedad y en el medio ambiente. Además, se distinguen de las tradicionales empresas “A” por cumplir con estándares altos y rigurosos en materia de gobernabilidad, responsabilidad y transparencia.

Este nuevo paradigma empresarial invita a entender al éxito en relación al bienestar de las personas, de la comunidad y de la naturaleza, esto es: pasar de querer ser la “mejor empresa del mundo” a ser “mejores empresas para el mundo”.

En Argentina, el movimiento ya cuenta con 35 empresas que han replanteado su relación con la comunidad y el medioambiente, comprometidos con la exigencia de tener consciencia respecto a las consecuencias de su quehacer. El sector privado es un agente clave en la agenda del desarrollo. Es necesario avanzar en la consolidación de modelos novedosos e innovadores de negocios, que incorporen a la dimensión social y ambiental en la toma de decisiones, promoviendo la construcción de un ecosistema de negocios favorable al desarrollo. Se trata de reconocer que la empresa tiene un rol ante la sociedad que no se limita a satisfacer al consumidor, sino que exige el respeto por las personas, los valores éticos, la sociedad y el medio natural en donde desenvuelve sus actividades.

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Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto en la Ciudad de Buenos Aires

Por Francisco Siffredi

En aquellas sociedades organizadas bajo la forma de gobierno republicana y representativa, donde la soberanía la ostenta la sociedad, la publicidad de los actos públicos, el control y la participación activa son instancias indispensables. Es que sin cabal conocimiento de dichos actos resulta imposible ejercer cualquier control, ya sea posterior, concurrente o anterior, como así también participar activamente del diseño de políticas públicas.

Es por ello que en el país, mediante normas federales como locales, se han institucionalizado y reglamentado los derechos que permiten ejercer estas prerrogativas. Adicionalmente la Corte Suprema ya ha sentado jurisprudencia, que ha reiterado recientemente en la causa “Giustiniani”. Antes de ahora la Corte se expresó en las causas: CIPEC c/ Estado Nacional Ministerio de Desarrollo s/ amparo, ADC c/PAMI s/amparo, Editorial Río Negro c/Provincia de Neuquén. También la jurisprudencia ha entendido que “… la forma republicana de gobierno que adoptó la Nación Argentina a través del texto constitucional requiere de la publicidad de sus actos” (Fallos 322:2139), y que “… es esencial en todo sistema republicano la publicidad de los actos de gobierno” (Fallos 316:1633). Cabe recordar además que la regla es el acceso a la información y que las excepciones son de carácter restrictivo (Clause Reyes y otros vs Chile – Corte Interamericana de Derecho Humanos, 16/09/2006).

A nivel nacional contamos con el Reglamento General para el Acceso a la Información Pública (Decreto 1172/2003), no obstante sigue siendo una asignatura pendiente el dictado de una ley aplicable a los tres poderes del Estado.

La Ciudad de Buenos Aires, en el año 1998, dictó la ley 104, por la cual es obligación del Estado brindar información veraz y completa ante requerimientos de los ciudadanos, sin ninguna necesidad de éstos de justificar la petición. Si bien la norma establece algunas pocas limitaciones, lo cierto es que cualquier ciudadano, en forma gratuita, está facultado a realizar pedidos ante dependencias estatales y exigir que se brinde la información que se encuentre en registros o documentos de la Administración Públicas, sus dependencias, e incluso empresas con su participación.  El pedido se debe realizar por escrito, sin indicar el propósito, no requiere firmar de abogado patrocinante, y es gratuito. Si bien el plazo puede prorrogarse por una única vez, una vez vencido, el peticionante puede interponer acción –también gratuita- de amparo, y el Juez ordenará a la dependencia requerida, mediante sentencia condenatoria, que presente la información.

En forma concordante, el Decreto 1361/GCBA/07 establece el mecanismo de acceso a la información en el ámbito del Poder Ejecutivo de la Ciudad, disponiendo las pautas a las cuales debe ajustarse el trámite de las solicitudes de información, y el Decreto Nº 1360/GCBA/07 aprueba el texto del Convenio Marco de Cooperación a celebrarse entre el Gobierno de la Ciudad y todas aquellas organizaciones no gubernamentales que posean departamentos especializados en la materia, a efectos de desarrollar actividades conjuntas para la ejecución de políticas comunes tendientes al mejoramiento del acceso a la información pública.

En base a las normas reseñadas, en el año 2014, se registraron 1412 pedidos de información pública en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Adicionalmente, y según registros analizados, se verifican aproximadamente entre 6 y 8 procesos de amparo -por la Ley 104- mensuales en contra de la Ciudad de Buenos Aires. En la mayoría de los casos la información es suministrada durante la sustanciación del proceso, a la vez que, en los casos remanentes, se deniega la petición por no cumplir con los requisitos previstos.

A lo largo del tiempo se han ido dictando también diversas normas provinciales y municipales, de estas características, a los fines de consagrar el derecho de acceso a la información pública, cuyo ejercicio resulta elemental en la convivencia democrática.  Los gobernantes deben garantizar el acceso a la información, en forma irrestricta, sólo con los límites que el Congreso establece. Este es un primer paso que inicia el camino a lo que hoy se conoce como transparencia activa, esto es la apertura de información sin necesidad de su requerimiento por un particular.  En esta línea, en el año 2012, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires dicta el Decreto Nº 156/2012 por el cual se implementa el sitio http://www.data.buenosaires.gob.ar como plataforma para acceder a un conjunto de datos del sector público. En la solapa TRANSPARENCIA del sitio se puede encontrar el “catálogo de datos abiertos” de la ciudad.

Asegurar la participación cívica mediante la disponibilidad de información y datos públicos es hoy no solo un derecho ciudadano sino una obligación de los gobernantes, que además se encuentra resguardado por mecanismos de tutela judicial efectiva.

En el camino que se está recorriendo hacia una mejor participación ciudadana, mayor transparencia y rendición de cuentas, es esencial que los distintos poderes del Estado asuman la tarea que les compete. En Argentina, el Poder Legislativo aún nos debe una Ley de Acceso a la Información Pública y de Transparencia Activa.

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Pre Jornada de Desarrollo Local y Regional: “Reflexión y diálogo para la acción”

El Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María invita a participar de la pre jornada de Desarrollo Local y Regional “Reflexión y diálogo para la acción” con el objetivo de generar un punto de encuentro, intercambiar experiencias y debatir en torno a los procesos territoriales en el desarrollo. Se realizará el próximo 20 de noviembre en el Campus. La jornada dará inicio a las 9 y se extenderá hasta las 13.

Expondrá el doctor Francisco Alburquerque.

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Universidad Complutense de Maddrid, 1974. Licenciado en la Facultad de Ciencias Políticas, Económicas y Empresariales de la Universidad Complutense de Madrid, 1968.

Francisco Alburquerque se presenta a sí mismo como pedagogo, asesor y animador de iniciativas de desarrollo económico local, con énfasis en diseño, evaluación y capacitación en estrategias de desarrollo económico local. Este economista nacido en Andalucía (España), ha sido profesor durante años y desde hace un tiempo se desempeña como investigador de esos que casi no están en el despacho ya que le ocupa básicamente el trabajo en terreno.

La actividad es sin costo y está destinada a funcionarios provinciales, locales, técnicos, empresarios, profesionales de ONG y docentes.

Para inscripciones ingresar aquí →  http://inscripcion.unvm.edu.ar/20151120/

Click sobre la fotografía para visualizar el programa completo.

jornada

Hacia nuevos modelos de gestión en la administración pública

Por Daniela Moyano

Las trasformaciones sociales y políticas en el contexto latinoamericano actual, plantean constantemente la posibilidad y la necesidad de un cambio de enfoque en la gestión pública, siendo muchas veces un aspecto poco frecuente dentro de los discursos y de las propuestas de candidatos y gobernantes.

El rol creciente del Estado, la necesidad de políticas que den respuesta efectiva a problemas básicos, el imperativo de incorporar a la ciudadanía en el proceso de dar respuestas a esos problemas básicos de la sociedad y el avance tecnológico que plasma nuevas herramientas de gestión, se constituyen cada vez más como elementos centrales para la construcción de un nuevo modelo organizacional de la administración pública, planteando a su vez el desafío y la necesidad de abandonar modelos jerárquicos, tradicionales, disfuncionales, inefectivos y poco participativos.

Adicionalmente, en este proceso de trasformación de la gestión se hace necesario armonizar los diferentes elementos dentro de un diseño metodológico que facilite planear y plantear acciones, pero también monitorear y evaluar resultados de la gestión, en la búsqueda de un mejor Estado.

En América Latina un ejemplo de este diseño metodológico fue impulsado en el 2012 por el Gobierno de Colombia que planteo el “Modelo Integrado de Planeación y Gestión[1]”desde una visión holística y sistémica de los procesos de gestión pública que permite articular el quehacer de los distintos organismos y ámbitos de la administración, tomando como hilo conductor cinco políticas de desarrollo administrativo:

  • Gestión Misional y de Gobierno: los organismos deben diseñar sus planes incluyendo objetivos, estrategias, actividades, indicadores y metas.
  • Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano: busca acercar el Estado al ciudadano y hacer visible la gestión pública, permitiendo la participación activa de la ciudadanía en la toma de decisiones, se integra con distintos componentes entre otros el mapa de riesgos de corrupción, la estandarización y simplificación de trámite, o la garantía de acceso a la información pública y apertura de datos.
  • Gestión del Talento Humano: se orienta al desarrollo y cualificación de los agentes públicos mediante la observancia del principio de mérito, desarrollo de competencias y aplicación de estímulos.
  • Eficiencia Administrativa: busca optimizar el uso de los recursos con la finalidad de alcanzar organizaciones modernas, innovadoras, flexibles, abiertas al entorno, con capacidad de transformarse, adaptarse y responder de forma ágil y oportuna a las demandas de la sociedad.
  • Gestión Financiera: se orienta a programar, ejecutar y controlar conforme a los recursos disponibles.

Estas cinco políticas de desarrollo administrativo son transversales a toda planificación sectorial, deben ser implementadas por las instancias ejecutivas de gobierno, y tiene un eje central que es el registro de los avances de la gestión, como insumo para la evaluación y control de los resultados. También como parte inherente e inmersa en el desarrollo de estas cinco políticas se establece la utilización de los medios electrónicos y las tecnologías de la información.

Una de las ventajas que se aprecia del modelo es la articulación de la planeación en todas las instancias de gobierno a través de los cinco lineamientos armonizados que constituyen un marco general, aunque sin desconocer las particularidades y los instrumentos propios de cada área, nivel o sector. Las trasformaciones en la gestión dentro de la administración pública requieren de un rol proactivo del Estado con capacidad constante de percibir, entender y promover cambios y resultados, tanto desde las estructuras como desde los actores, considerando aspectos visibilizados pero también los no tan visibles y reflexionando desde lo pragmático hasta lo subjetivo que emerge de las propias culturas organizacionales.

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[1] Aprobado por Decreto
Fuente:
http://modelointegrado.funcionpublica.gov.co/web/modelointegrado/inicio
http://www.mintrabajo.gov.co/modelo-integrado-de-planeacion-y-gestion.html

 

 

Cumbre Global Alianza Para el Gobierno Abierto México | 2015

La Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es un espacio que promueve el diálogo productivo, la interacción y el intercambio entre representantes de la sociedad civil, oficiales de gobierno y reformadores que trabajan para hacer que sus gobiernos sean más transparentes, con mayor capacidad de respuesta y rindan cuentas.

En 2015 la Cumbre Global se enfocará en destacar cómo los principios de Gobierno Abierto pueden mejorar la respuesta institucional ante los grandes retos sociales y promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda Post-2015.

La cumbre está dirigida principalmente a instituciones gubernamentales a nivel estatal y municipal, órganos garantes de acceso a la información en los estados; organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y colectivos; instituciones académicas e investigadores; y a todos los ciudadanos interesados en colaborar y fortalecer los trabajos de la AGA en cualquiera de sus modalidades.

Se llevará a cabo en el Palacio de la Minería de la Ciudad de México los días 27, 28 y 29 de octubre.

Para consultar la agenda completa click AQUÍ.

Se podrá seguir el evento en vivo y participar desde las redes sociales usando las siguientes etiquetas: #AGA15 #OGP15 #GobiernoAbierto

Para mayor información visitar el sitio oficial → Open Government Partnership.

Dependiendo del tipo de dato del que se trate, disímil criterio de acceso se aplicará. El ejemplo del Big Data

De repente han surgido gran cantidad de acepciones que están vinculadas con los datos. ¿O acaso no resulta cada vez más usual escuchar hablar de Big Data, Data Breach, Datos Abiertos o Datos Personales?

Sin embargo se debe advertir que no todos los datos son iguales, sino que hay diversos tipos de datos. Y que por resultar tan diferentes entre sí, les resultan aplicables a cada tipo, principios que pueden verse como antagónicos, o si se quiere como complementarios.

En una rápida aproximación en la búsqueda de criterios diferenciadores entre los diversos tipos de datos, una alternativa pasa por considerar quién es el que está en posesión efectiva del dato de que se trate. Ante lo cual si el dato surge o refleja alguna actividad pública, y por lo general en posesión del Estado, estamos frente a un dato público. 

Sin embargo el hecho que se trate de un dato público, no implica la titularidad del Estado, sino todo lo contrario, la titularidad de la ciudadanía y la consecuente aptitud de ser recuperados en cualquier momento por sus dueños, los ciudadanos.

Si bien la recuperación de los datos públicos es un presupuesto ineludible para que la ciudadanía pueda ejercer derechos más intensos e idóneos en la participación de la discusión de cuestiones de interés público, existen ciertos supuestos excepcionales que aún cuando los datos estén o hayan sido generados en el ámbito gubernamental, el marco legal estatuye una restricción específica para su acceso, como es el caso de datos personales en poder del Estado. 

El ejercicio de este derecho básico de información sobre la cosa pública no debe ceñirse a garantizar el acceso a la información pública, sino que debe indefectiblemente incluir, para ser efectivo, la disposición de los datos públicos en función de los “8 principios” que son de referencia internacional: “completos, primarios, actuales, accesibles, procesables, no discriminatorios, no propietario, sin licencia”, para el desarrollo de nuevas aplicaciones, servicios, actividades económicas y para una efectiva rendición de cuentas por parte de los gobernantes ante la ciudadanía.

Esa ineludible apertura de acceso aplicable a los datos públicos de titularidad ciudadana se contrapone o complementa con el criterio restrictivo de acceso que rige, como regla general, para los datos personales de titularidad de cada individuo en particular producto de la tutela especial que brindan las leyes de protección de datos personales.

La necesidad de distinguir acerca del diferente tipo de dato deviene relevante frente al disímil criterio aplicable para el acceso a los mismos.  Por una parte los datos públicos sujetos a un criterio de apertura total y a entera voluntad del requirente y por el otro, los datos privados, cuyo levantamiento del cerrojo para su acceso depende exclusivamente de la voluntad expresa del titular del mismo.   

El respeto de ambos criterios, que aparecen como antagónicos pero que también pueden verse como complementarios, es indispensable para un verdadero empoderamiento de la ciudadanía, en cuanto a su participación activa en la discusión de las cuestiones públicas como en la protección de su ámbito de privacidad.

Un ejemplo concreto de las consecuencias que se presentan según el diferente tipo de dato que se trate, surge a las claras con el fenómeno del Big Data, entendido como el almacenamiento y análisis de un gran y complejo conjunto de datos a través de la utilización de una serie de técnicas especiales para lograr tales fines, y que es una realidad cada vez más vigente tanto en el mundo de los datos privados como públicos. 

La utilización intensiva de los datos originariamente emparentada con el sector empresarial privado empieza a ser empleada por el sector público en la adopción de mejoras en sus políticas públicas a través del procesamiento de aquella información provista por sensores o cámaras ubicados en el espacio público. Lo cual sin duda resulta sumamente auspicioso y virtuoso en el ámbito público. Sin embargo, en lo que concierne a datos privados esas ventajas de una utilización intensiva se ven opacadas frente a los novedosos riesgos a los que se puede encontrar expuesta la privacidad en el transcurso de este proceso. Al mismo tiempo,  el sector privado a través del proceso de apertura de datos públicos está cada vez más desarrollando aplicaciones en algunos casos comerciales y en otras de mejoras en la prestación de los servicios públicos.  Cada vez más los “datos” son una materia prima esencial para el desarrollo económico y la innovación social. 

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Transparencia activa y el derecho de acceso a la información pública

Toda apertura de información pública es un paso positivo hacia la conquista de una sociedad más democrática. Existen hoy a disposición de la humanidad herramientas tecnológicas que permiten poner en marcha distintas iniciativas para abrir gobiernos.

Con la tecnología y los recursos humanos con los que se cuenta, es factible, sin grandes presupuestos, disponer de un portal de datos abiertos o una plataforma para la participación ciudadana. No obstante la tecnología no es más que una herramienta, se requiere además voluntad política y un marco legal que paulatinamente vaya transformando iniciativas, más o menos discrecionales de los gobiernos, en un derecho ciudadano.

En ese contexto es necesario distinguir,  “derecho de acceso a la información” y “transparencia activa”. Son dos conceptos vinculados pero diferentes.

El derecho de acceso a la información parte de la presunción general de que toda la información en poder del gobierno debe ser accesible y pública, y en ese entendimiento se regulan o establecen los mecanismos para facilitar y garantizar dicho acceso.   Muchos de los países de la región cuentan hoy con una Ley de Acceso a la Información, que permite a cualquier ciudadano acceder a la información que requiera a la administración pública o a otros poderes del Estado. 

Argentina no ha logrado consagrar una ley general, sino solamente un decreto que reglamenta el “acceso a la información pública” en el ámbito del Poder Ejecutivo (Decreto 1172/2003). En la provincia de Córdoba, existe una ley del año 1999, de características claramente restrictivas.

En ambas instancias, nacional y provincial, se ha dado una deficiente y escasa aplicación de la regulación y una débil protección a las garantías allí previstas. Paralelamente, a nivel internacional, el derecho de acceso a la información ha tenido un avance cualitativo, y  tanto la Comisión como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los principales Tratados Internacionales, consideran al derecho de acceso a la información un derecho humano básico que encuadra dentro de la garantía de libertad de expresión.

Transparencia activa supone un paso más dentro de las conquistas ciudadanas a las inmunidades del poder, e implica la publicación de información y la apertura de los datos públicos que el gobierno genera y maneja de manera proactiva, es decir por iniciativa propia de las entidades públicas, y no a requerimiento de los particulares. Los gobiernos deben publicar la información con la que cuentan, el acceso es la regla y el secreto la excepción.

El acceso a la información y a los datos debe ser para los ciudadanos fácil, rápido, efectivo, en formatos reutilizables y gratuito. También debe asegurarse que la información sea completa, veraz y contextualizada. Adicionalmente la información almacenada electrónicamente debe ser entregada por vía electrónica y en formatos abiertos.

Las recomendaciones internacionales también indican la necesidad de contar con organismos independientes que supervisen el cumplimiento de este estándar de transparencia, y que pueda llevar a cabo investigaciones, recibir denuncias y aplicar sanciones.

Se impone trabajar por un marco legal que recoja ambas dimensiones del acceso a la información y a los datos públicos, tanto desde el derecho individual como desde la obligación institucional de tomar la iniciativa en abrir la información y datos con los que cuentan.

Transparencia-publica